MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Coordinador Territorial de Madrid de Unión, Progreso y Democracia, UPyD, Ramón Marcos Allo, solicitó hoy a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que de explicaciones sobre los procedimientos públicos de contratación del servicio de gestión de los Centros de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales (C.A.V.A.S).
Marcos Allo cree que "Aguirre debe aclarar qué ocurrirá con las víctimas de agresiones sexuales que están siendo atendidas por el actual adjudicatario: la Asociación de Asistencia a Mujeres Violadas, si el ganador del concurso resulta ser una entidad diferente a esta".
Para Ramón Marcos, "las mujeres que están siendo atendidas en estos Centros deben saber qué ocurrirá con sus expedientes si el adjudicatario resulta ser distinto al que en estos momentos se encuentra prestando el servicio".
"La Comunidad debe ser consciente de que no estamos ante la gestión de un mero servicio público, sino que de cambiar el adjudicatario, podrían cambiar los profesionales que atienden a las víctimas de agresiones sexuales; abogados, psicólogos, etc.", recalcó.
"Estando obligadas estas mujeres a volver a empezar el penoso y desagradable proceso que han tenido que vivir, lo que no resultará beneficioso en modo alguno para su recuperación, y en definitiva supondrá un retroceso en la prestación pública de este servicio" concluyó diciendo Marcos", agregó.
A tenor de las encuestas hechas públicas sobre la gestión de este servicio, el 99 por ciento de las mujeres atendidas están satisfechas por la labor realizada y por la asistencia recibida, además de que sus servicios jurídicos ganan el 75 por ciento de los juicios por violaciones y agresiones sexuales, por lo que UPyD considera que cualquier proceso que se inicie para la contratación de este servicio, no debe provocar en modo alguno un perjuicio para las mujeres victimas de agresiones sexuales que están siendo atendidas, o la prestación de un peor servicio a las que sean atendidas en el futuro.
El coordinador de Madrid de UPyD exigió, por tanto, "que se revise si efectivamente existe obligación legal de iniciar un nuevo procedimiento de contratación para la gestión de este servicio y, de ser así, que se revisen los pliegos de condiciones que se han elaborado al efecto, sobre todo lo concerniente a los criterios de contratación, para que lejos de que en ellos primer sobre cualquier otro el criterio económico, se tenga en consideración preferentemente la aportación de medios personales que cuenten con dilatada experiencia de trabajo con victimas de violencia sexual y no sólo con víctimas de violencia de género".
