MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Madrid, David Ortega, ha pedido este miércoles en el Pleno de Cibeles la suspensión del pago del IBI, Tasa de Basuras y de Vado a los vecinos de Valdebebas, quienes "no pueden acceder a sus viviendas por varias sentencias condenatorias", mientras que la alcaldesa, Ana Botella, ha contestado que gracias a la aprobación con los votos en solitario del PP se pudo "subsanar errores formales" del Plan General de Ordenación Urbana y que se ha traducido en que, a día de hoy, las viviendas tengan licencia de primera ocupación.
Para Ortega, la situación de estos vecinos es propia de un "drama", lo que ha llevado al edil a exigirles "responsabilidades". "Responsabilidad" es lo que ha creído Botella que le faltó a la oposición cuando no respaldó el plan para modificar el urbanismo y subsanar los errores formales. También se ha dirigido a Ortega para decirle que "los vecinos no le quieren como mediador".
"Este Ayuntamiento trabaja por resolver definitivamente el problema", ha aseverado Botella, que ha aseverado que el Gobierno municipal se reúne con frecuencia con las cooperativas de vecinos. En la misma línea fue la delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Paz González, cuando afirmó en la última comisión del ramo que el área trabaja "con valentía" para resolver las consecuencias "transitorias" de la sentencia judicial que declara la nulidad del proyecto de reparcelación de Valdebebas.
La oposición votó en pleno contra la revisión exprés del urbanismo madrileño aprobada en febrero del año pasado después de que el Tribunal Supremo declarara nulos 22 ámbitos de suelo urbanizable del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997, lo que conllevaba que en ellos rigiera el Plan anterior, el de 1985.
Las licencias de ocupación afectadas por la sentencia y que estaban pendientes de otorgar son siete, correspondiendo a 614 viviendas. Tres licencias (271 viviendas) están pendientes de que los gestores de las cooperativas presenten la documentación necesaria para subsanar deficiencias mientras que una licencia (35 viviendas) tiene una medida cautelar que esperan que llegue "pronto" su pronunciamiento.
