MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón recibió hoy en su juzgado a varios representantes de las principales asociaciones contrarias a la demolición de la cúpula central de la cárcel de Carabanchel, en Madrid, quienes le han presentado un escrito solicitándole que paralice cautelarmente las obras de demolición iniciadas esta mañana en el edificio, alegando que incumplen la orden dictada a este respecto en su auto del pasado 16 en la que se declaraba competente para investigar el franquismo, informaron a Europa Press las asociaciones.
Según explicó el portavoz de la Asociación de Vecinos de Aluche, Julián Rebollo --partidario de que la cúpula central del penal se mantenga como un centro de estudio de la memoria histórica-- las asociaciones han solicitado al juez que suspenda el derribo de la antigua prisión "hasta que no tenga en su poder los informes correspondientes sobre las razones por las que se derriba el penal".
"Que se tenga por presentado este escrito, lo admita y tenga por solicitado que se acuerde la suspensión cautelar del derribo de la cárcel de Carabanchel en tanto en cuanto llegan los informes requeridos a la Secretaría de Estado de Seguridad", concluye el documento al que ha tenido acceso Europa Press.
Los vecinos contrarios al derribo llegaron a las dependencias de la Audiencia Nacional en torno a las 10.30 horas, donde fueron recibidos por Garzón en su Juzgado Central de Instrucción número 5 donde ha sido presentado el escrito.
En su petición, los vecinos denuncian que el inicio de las obras incumple lo establecido por el juez en su auto de competencia sobre la investigación de los desaparecidos en la Guerra Civil y el Franquismo, donde ya decretaba la paralización cautelar del derribo y solicitaba información sobre las obras al Ministerio del Interior.
AUTO DEL JUEZ
Concretamente, en su auto del pasado día 16, el juez Garzón citaba la solicitud formulada el 22 de septiembre, por la Asociación 'Nuestra Memoria, Sierra de Gredos y Toledo" y nueve más, instando la suspensión de las obras de construcción de 119 viviendas en el término de La Palma del Condado (Huelva) frente al Centro de Salud de dicho municipio, al poder afectar a una fosa común.
A este respecto, el auto de Garzón acordaba solicitar información sobre estas obras a la Secretaría de Estado para la Seguridad del Ministerio del Interior "y con su resultado se acordará".
Por esta razón, los vecinos consideran que la Secretaría de Instituciones Penitenciarias podría estar incurriendo en "un delito de prevaricación" al entender que "está procediendo a la demolición de la cárcel a sabiendas de la orden del juez", quien espera a recibir los documentos de Interior para decidir sobre esta paralización cautelar.
