Vecinos creen que el cierre de Marconi no solucionará el problema de la prostitución aunque reconocen que ganan en seguridad

Actualizado: lunes, 23 junio 2008 19:36

Las prostitutas se comprometieron a no ejercer cerca de las viviendas pero la falta de seguridad, como critican al Ayuntamiento, hizo fracasar el acuerdo

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de la colonia Marconi, en el distrito de Villaverde, creen que el cierre de 23.00 a 6.00 horas "no solucionará el problema de la prostitución" aunque sí reconocen que ganan en seguridad ya que con la anterior limitación, en el verano de 2005, se erradicaron las carreras ilegales de coches, explicó la portavoz de la asociación de la calle Resina, Mabel Díaz, en declaraciones a Europa Press.

"El cierre por la noche al tráfico no solucionará el problema de la prostitución porque ellas regresan por la mañana, que es cuando más afecta porque los niños se las encuentran de camino al colegio, por ejemplo", destacó Díaz, que añadió que apoyan esta medida del Ayuntamiento porque, por ahora, es "la única" que tienen.

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM) publicó hoy el decreto del delegado de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de la capital, Pedro Calvo, por el que se declara a la colonia Marconi y al polígono industrial de Villaverde como área de circulación restringida.

De este modo, como establece el decreto hoy publicado, no se permite la circulación de vehículos por la colonia y por el polígono industrial de Villaverde entre las 23.00 y las 6.00 horas, a excepción de "los residentes y de aquellos debidamente acreditados mediante la autorización municipal oportuna", reza el decreto. Para ello "se aprobará una instrucción que regule las condiciones y formas de obtención".

La portavoz vecinal adelantó que la restricción al tráfico no será efectiva hasta que los vecinos no conozcan las implicaciones del decreto, que se darán a conocer a través de folletos que serán buzoneados en los domicilios.

Mabel Díaz explicó que los vecinos reclaman que los tres grupos municipales lleguen a "una carta de convivencia para regular la prostitución prohibiendo que se ejerza en la calle y que sus profesionales tengan sus espacios, que ellas mismas reclaman, para que puedan asearse como seres humanos, por ejemplo, y no en las bocas de riego, como lo tienen que hacer hasta ahora".

Díaz señaló que el nuevo decreto incorpora novedades con respecto al de 2005 ya que facilitará la retirada por Internet de denuncias interpuestas contra vehículos de no residentes y personas no autorizadas. En el anterior cierre de la colonia, los familiares y amigos de los residentes que no presentaron la debida autorización para circular fueron multados por ello pero para retirar la sanción sólo tuvieron una opción, presentar un recurso. "Era algo demasiado farragoso", aseveró Díaz.

FALTA DE SEGURIDAD PARA LAS PROSTITUTAS

Por su parte, una de las portavoces de Hetaira, Cristina Garaizábal, señaló en declaraciones a Europa Press que las profesionales del sexo se comprometieron con los vecinos hace dos años a no ejercer cerca de las viviendas pero "como es lógico acaban acudiendo donde encuentran más seguridad (cerca de las zonas residenciales)". "Para garantizar que el alejamiento se mantiene habría que garantizar unas buenas condiciones de seguridad y alumbrado", criticó la portavoz al Gobierno municipal.

Desde Hetaira reprocharon que el regidor, Alberto Ruiz-Gallardón, no ha recibido a este colectivo desde que llegó a la alcaldía mientras que sí lo hizo su antecesor, José María Álvarez del Manzano. "Y lo hizo hasta en dos ocasiones".

Garaizábal puntualizó además que las mujeres "no ejercen la prostitución en las calles de Marconi" aunque sí reconoció que lo que hacen es captar clientes en la vía pública.

El cierre de la colonia Marconi ya se puso en marcha en agosto de 2005 dentro de un plan para erradicar la prostitución de la zona pero el PSOE recurrió judicialmente la iniciativa, al entender que atentaba contra el artículo 19 de la Constitución, el referido a la libertad de circulación.

El recurso del PSOE fue aprobado por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Madrid al considerar que la decisión no se ajustaba a derecho, motivo por el que la anuló en julio de 2006.