Actualizado 11/09/2009 17:07

Economía/Motor.- AEA solicita la revisión de millones de multas por "no haber respetado las garantías jurídicas"

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La organización Automovilistas Europeos Asociados (AEA), ha solicitado a los correspondientes servicios de la Dirección General de Tráfico, a los de la Generalitat de Cataluña, a los del Gobierno Vasco y a los más de 8.100 ayuntamientos españoles con competencia en materia de tráfico, la revisión y cancelación de oficio de todos los expedientes sancionadores que hayan dado lugar a la pérdida parcial de puntos desde que entró en vigor en España el carné por puntos, hace tres años por "no haber respetado las garantías jurídicas de los conductores".

Así, AEA ha realizado esta petición en base a la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 4 de junio que, condicionaba "la legalidad de la detracción parcial de puntos a que la aplicación de esta medida quede revestida de determinadas garantías, enervando todo riesgo de indefensión". Entre éstas el Supremo cita, según explica la AEA, el derecho a ser informado de las consecuencias de la detracción de puntos dada la naturaleza sancionadora de la medida, la posibilidad de formular alegaciones exclusivamente contra la misma y el derecho a recurrirla, incluso aún habiendo pagado la sanción.

Según AEA, "en aproximadamente dos millones de expedientes sancionadores tramitados desde el 1 de julio de 2006 no se han respetado las garantías exigidas por el Tribunal Supremo, lo cual abre la posibilidad de pedir la revisión y cancelación de aquellos expedientes que hayan dado lugar a la detracción parcial de puntos".

A pesar de que la revisión de expedientes debería realizarse de oficio por las distintas administraciones con competencia en materia de Tráfico, AEA la ha solicitado "expresamente" a las distintas instancias competentes, a fin de que "sean reestablecidos los derechos fundamentales de millones de conductores, que durante tres años han sido manifiestamente vulnerados".

No obstante, AEA advierte de que con independencia de su actuación, los conductores afectados (unos dos millones de automovilistas) disponen hasta el próximo 18 de septiembre para pedir la revisión de sus expedientes y solicitar la cancelación de los puntos detraídos, "en aquellos casos en que se hubiera producido una vulneración de derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, por ejemplo, porque se ha impedido el ejercicio del derecho a la defensa al negar que la detracción de puntos constituía una sanción y no era susceptible de recurso".