En una de cada tres inspecciones se detectaron infracciones, relacionadas en su mayor parte con contratos y facturas
MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades de consumo realizaron el pasado año 3.178 inspecciones en establecimientos de venta de automóviles y repuestos y en talleres de vehículos, de las que 1.137 derivaron en levantamiento de actas por comisión de diferentes infracciones, lo que supone que en una de cada tres inspecciones se detectaron servicios incorrectos, según datos del Instituto Nacional de Consumo, que recoge Europa Press.
En el sector de venta de automóviles y repuestos se realizaron e l pasado año 2005 inspecciones, que desembocaron en el levantamiento de 678 actas, lo que supone que en el 65,49% de los casos no se detectó infracción alguna.
Dentro de este apartado, las autoridades de consumo detectaron 425 infracciones relacionadas con las condiciones de venta (contratos o facturas), 23 infracciones por irregularidades en el precio, 13 infracciones por fraude en la calidad, 12 infracciones derivadas de la transacción comercial y 205 infracciones de otro tipo.
Por su parte, las 1.173 inspecciones realizadas en centros de reparación de automóviles condujeron al levantamiento de 459 actas por infracción, de forma que sólo se detectaron servicios incorrectos en el 39,13% de los casos.
En los talleres, los responsables de consumo detectaron 216 infracciones relacionadas con las condiciones de venta, 122 infracciones por la transacción comercial, 32 infracciones por los precios, 20 infracciones por fraude en la calidad y 60 infracciones por otros motivos.
INSPECCIONES EN 2008.
Para este año, el Instituto Nacional de Consumo ha programado inspecciones relacionadas con las garantías en todas las comunidades. Además, analizará centros de compra-venta de vehículos nuevos y usados en Andalucía, Asturias, Cantabria, Extremadura, Navarra y La Rioja.
También tiene previsto la realización de una campaña de inspección en aparcamientos públicos de Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, La Rioja y País Vasco para verificar el cumplimiento de la normativa del sector.
