18 de octubre de 2019
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  • 2 de julio de 2014

    Acalde Torre Pacheco: "eran los funcionarios los encargados de velar por la legalidad"

    Explican que desde hace más de 11 años se contactaba directamente con el profesional por ser "proyectos intelectuales"

    Acalde Torre Pacheco: "eran los funcionarios los encargados de velar por la legalidad"
    EUROPA PRESS

    CARTAGENA (MURCIA), 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

    El alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, ha advertido este miércoles en el juicio por supuestas adjudicaciones a dedo que eran los funcionarios del Ayuntamiento "los encargados de velar por la legalidad" de los procesos de contratación que se iniciaban en el municipio.

    El juicio ha comenzado esta mañana a las 10.45 horas en la sección quinta de la Audiencia Provincial con sede en Cartagena. Junto a García Madrid se han sentado en el banquillo el concejal de Urbanismo, Santiago Meroño; el exconcejal de Deportes y actual edil de Sanidad y Descentralización, José Saura; el interventor del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Miguel Pérez y el arquitecto de la empresa al que se le adjudicaban los proyectos, F.C.

    Todos ellos, según las calificaciones del Ministerio Fiscal, están acusados de adjudicar contratos menores por un importe cercano a los 777.000 euros sin el expediente de contratación. El Ministerio Fiscal advierte que a partir de los 12.000 euros era preceptivo un expediente de contratación, además de un concurso público, pero que los cuatro acusados decidieron acudir a este procedimiento de adjudicación denominado contrato menor. Para el fiscal estos hechos son constitutivos de un delito continuado de prevaricación.

    Uno de los interrogatorios más cortos ha sido el del alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, quien ha desmentido que él fuera el encargado de ponerse con el arquitecto de la empresa Píxel para adjudicarle los contratos. Según ha explicado, sus funciones solo se remitían a firmar los documentos contables, que después aprobaría la Junta de Gobierno del ayuntamiento. "Eran los concejales los encargados de ponerse en contacto con el arquitecto para encargar sus servicios. El alcalde no interviene en la parte administrativa, solo en la firma de las nóminas", ha asegurado el regidor.

    A preguntas del fiscal José Luis Díaz, el alcalde también ha negado conocer la normativa sobre contratación pública, a pesar de ser abogado de profesión. Se ha justificado aduciendo a que cuando trabajaba como abogado sus actuaciones se remitían a pleitos civiles y penales.

    "No conozco nada de la ley de contratación pública, corresponde a los funcionarios velar por la legalidad de esos contratos y siempre se han hecho esos contratos de la misma forma", ha añadido García Madrid. De esta forma el alcalde ha querido explicar que durante los 11 años que lleva en la alcaldía han realizado los mismos procedimientos de contratación "que hizo la corporación municipal anterior a nosotros".

    INTERVENTOR MUNICIPAL

    Dicha explicación la ha realizado con más claridad el interventor municipal, Miguel Pérez, quien ha indicado que los contratos que se adjudican a arquitectos "hay una ley que dice que son proyectos intelectuales y que estos no hace falta abrirlos a concurso público, como sí sucede con otros de obras".

    Los concejales que se han sentado en el banquillo junto al alcalde de Torre Pacheco también han coincidido con él en el hecho de que ellos tampoco se pusieron en contacto directo con el arquitecto de la empresa al que le adjudicaban los proyectos.

    "Eran los técnicos los encargados de llamarle y de realizar todas las gestiones oportunas. Nosotros solo expresábamos que había una necesidad en el municipio y los técnicos nos decían cómo se podía hacer y le dábamos el visto bueno. No conocíamos en aquel entonces nada sobre contratación pública", han sostenido tanto el edil de Urbanismo como el que en 2005 gestionaba la cartera de Deportes y ahora se encarga de Sanidad y Descentralización.

    Las adjudicaciones se realizaron por un importe cercano a los 770.000 euros y son relativas al polideportivo de los Dolores, el frontón municipal de Torre Pacheco, el velódromo, una pista de atletismo, el campo de fútbol, el Centro de Educación Musical, el Centro Integral de Seguridad, el de Artes Escénicas, el de Desarrollo Local y el Plan Estratégico Itineris.

    El plan Itineris es un proyecto que, según ha explicado el concejal de Urbanismo, Santiago Meroño, comenzó con distintas actuaciones en cuatro vías principales del municipio entre las que destacan la avenida Juan Carlos I, la avenida de la Estación y la avenida Fuertes. "Fue el arquitecto el que después de desarrollar estos trabajos nos propuso realizar el proyecto Itineris, que consistía en trazar un itinerario entre estas avenidas para que estuvieran interconectadas", ha expuesto Meroño.

    En el interrogatorio, los concejales han señalado que aparte de al arquitecto de la empresa mencionada, también se hicieron encargos a otros arquitectos e ingenieros, si bien el proyecto Itineris lo realizó exclusivamente F.C. por ser "idea suya".

    Por dicho proyecto, F.C. emitió en el año 2005 seis facturas al Ayuntamiento. Cuatro correspondientes a las avenidas que modificaron previamente al desarrollo del proyecto Itineris, una quinta sobre el proyecto en general y la última corresponde a las memorias de los trabajos realizados.

    Tanto los concejales, como el interventor y el arquitecto implicados en este supuesto caso de prevaricación sostienen que "lo que se hizo fue legal y un buen trabajo". Si bien, al fiscal y a la defensa le ha chocado el hecho de que las facturas emitidas por el arquitecto rozaran siempre el límite de 12.000 euros, por las cuales sí se podían considerar obras menores. "En ningún momento fraccioné las facturas ni en el Ayuntamiento me fijaron un precio inicial", ha aclarado el arquitecto F.C.

    El arquitecto ha explicado que él fijaba el precio de las facturas que debía emitir al Ayuntamiento en base al número de horas que habían realizado los trabajadores de su empresa para terminar los proyectos que se les habían encargado. "Salió 11.900, pero también podía haber salido más dinero", ha dicho.

    El Fiscal pide para el alcalde, los concejales y el interventor diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un presunto delito de prevaricación para cada uno de ellos, así como el desempeño de cargos directivos o representativos en cualquier empresa pública. Para el arquitecto se pide una pena de seis años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

    El juicio continuará mañana con las declaraciones de los testigos y concluirá este viernes, 4 de julio, con las pruebas periciales.