La ocupación ilegal de viviendas ha crecido este año un 20% en la Región de Murcia, según el consejero de Fomento
CARTAGENA (MURCIA), 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Asamblea Regional tramitará como proyecto de ley el decreto de medidas contra la ocupación de viviendas. El mismo se ha convalidado con los votos a favor de PP, Ciudadanos y el diputado de VOX, Pascual Salvador, y se tramitará como proyecto de ley tras la petición realizada por estos tres mismos grupos parlamentarios.
El consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, ha asegurado durante la presentación del decreto que la ocupación ilegal de viviendas ha crecido este año un 20% a lo largo del primer semestre. La Región se sitúa, con 176 denuncias en lo que va de año, en la segunda comunidad autónoma en la que más ha crecido la ocupación ilegal.
En total, ha apuntado el consejero, en la Región hay 1.078 viviendas ocupadas lo que es una "barbaridad", en palabras del consejero, que ha advertido que no se trata de familias vulnerables, sino organizaciones delictivas que chantajean a los propietarios o subarriendan los inmuebles.
"Este año se han producido 176 denuncias por ocupación de viviendas, mientras que en el mismo periodo del año anterior fueron 147. Somos la segunda comunidad autónoma en la que más ha crecido la ocupación este año", ha asegurado el consejero.
El portavoz de VOX, Juan José Liarte, ha condicionado durante el debate parlamentario su apoyo a la medida si durante la tramitación como proyecto de ley si se incluye un registro en la Consejería de Fomento que permita a los jueces confirmar quién es el propietario de la vivienda y que pudieran desalojarla en 48 horas.
Desde el PP, Víctor Martínez-Carrasco ha expuesto que la Región es la "primera comunidad autónoma" que "da el paso" en este ámbito recordando que con este decreto se pretende "dar una solución a un problema real y cubrir un vacío que las leyes actuales no cubren". En su opinión, "la propiedad privada no puede supeditarse a otros derechos que por supuesto deben garantizarse, como es el acceso a una vivienda. Debemos ayudar a quien más dificultades encuentra, pero nunca invadiendo la propiedad legítima del otro".
De igual manera se ha pronunciado el diputado de Ciudadanos, Francisco Álvarez, para quien se debe "defender la propiedad privada". Según ha indicado, "los poderes públicos deben ser partícipes de la defensa de la propiedad privada de los ciudadanos".
Por contra, PSOE y Podemos se han manifestado en contra de la medida. Desde el PSOE, la socialista Consagración Martínez ha echado en cara al Gobierno regional que modifique nuevamente la ley de Vivienda cuando "aún no han pasado ni tres meses desde la última modificación". Ha señalado que en el país "está garantizada la propiedad privada y está protegida por diferentes vías", considerando como "inconstitucionales" algunos de los apartados de la norma.
La portavoz de Podemos, María Marín, ha advertido que las multas que se contemplan en el decreto, que pueden llegar a los 90.000 euros, son "desorbitadas y jamás las podrá pagar una persona sin recursos". Ha recordado que en el texto se prohíbe el acceso a una vivienda social durante 10 años a los okupas, considerando que se deberían atender más las necesidades sociales y recordando que el porcentaje de viviendas sociales en la Región "no llega al 0,3%".
