MURCIA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -
Alrededor del 70 por ciento de las sentencias absolutorias en violencia de género dictadas el pasado año se debieron a la retirada de la denuncia por parte de la víctima, de forma que, según recoge el sistema procesal, a pesar de haber un convencimiento de que existió esa agresión, al no existir ratificación de denuncia y no haber una prueba testifical no se puede condenar.
La víctima, en la mayoría de los casos, suele retirar la acusación, lo que conlleva al gran número de sentencias absolutorias, porque no desea la separación física de su pareja; también suele ser frecuente en víctimas inmigrantes, al no querer que se agrave la situación de la posible irregularidad de sus agresores en España; y, por último, la razón de excelencia, por miedo a posibles consecuencias negativas y represalias por parte del agresor, lo que repercute en la petición de órdenes de protección.
Datos éstos que se recogen en la Memoria de la Fiscalía de la Comunidad de Murcia y de la que ha dado cuenta, en rueda de prensa, su responsable, el fiscal superior José Luis Díaz Manzanera, que ha precisado, en este sentido, que de las 1.591 calificaciones formuladas por la Fiscalía en materia de violencia de género, 264 fueron condenatorias tras el juicio oral y 211 absolutorias, la gran mayoría por esa retirada de la denuncia. La sentencia condenatoria se logró en 621 asuntos, un aumento notable con respecto a ejercicios anteriores.
Debido precisamente al aumento de las denuncias en este tema se dictaron 650 órdenes de protección, frente a las 300 del año anterior, 39 medidas cautelares supusieron el ingreso en prisión para los agresores y sólo se denegaron 35.
El aumento de casi un 122 por ciento en los delitos de quebrantamiento de condena o medida cautelar se debieron, en su mayor parte, al mayor número de agresores denunciados, que quebrantaron las medidas impuestas. Se incoaron el año pasado, en términos generales, 2.159 diligencias frente a los 973 de 2016.
Díaz Manzanera ha lamentado que precisamente por esa retirada de la denuncia de la víctima el asunto se absuelva, ya que "sabes que hay un delito pero por una cuestión de modelo procesal no lo puedes condenar".
Por ello, ha anunciado que va a plantear una reforma legal del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación con el mantenimiento del derecho de dispensa de la víctima a declarar contra el agresor cuando seas o hayas sido cónyuge o pareja, incluso cuando has mantenido la acusación particular y después la retiras, al suponer ello un gran número de sentencias absolutorias. De manera, critica, que "el aparato judicial y policial iniciado no vale para nada".
En cuanto a las sentencias dictadas en 2017, una fue por homicidio, se incoaron tres por abusos/agresión sexual pendiente de juicio oral pendiente de juicio oral y por delito de lesiones una veintena de diligencias calificadas, de las que 9 fueron condenatorias y 11 de ellas por conformidad en el Juzgado de lo Penal.
En materia de violencia de género, la mayoría de agresiones se producen en las parejas de hechos con un total de 900, 328 eran cónyuges, 324 relación de noviazgo sin convivencia, 254 excónyuges y 671 exparejas de hecho.
AUMENTO DE LOS ABUSOS SEXUALES
En la Memoria también se constata un aumento de los abusos sexuales en un 10,24 por ciento (226 frente a 205 del año anterior), frente a un descenso de las agresiones sexuales en casi un 8 por ciento, pasando de 188 en 2016 a 173 en 2017, con lo que, en términos generales, los delitos contra la libertad sexual disminuyen en un 4,5 por ciento.
Preguntado sobre la propuesta de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, de introducir el consentimiento expreso en los delitos sexuales, el fiscal superior de la Comunidad ha confesado que no termina de entenderlo y advierte que "requiere de un estudio profundo, porque al no haber un sí expreso hay que madurarlo mucho".
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