MURCIA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del Ejecutivo murciano, Fernando de la Cierva, señaló hoy que "el Gobierno de la Nación no puede renunciar a sus competencias en materia de agua", en referencia al anuncio de aprobación por parte de las Cortes de Castilla-La Mancha de la reforma de su Estatuto de autonomía, que contempla la caducidad del trasvase Tajo-Segura para el año 2015.
A este respecto, De la Cierva indicó que "el Ejecutivo Central ha de tomar de una vez por todas las riendas de la gestión hídrica en el conjunto del Estado, haciendo cumplir las competencias que le corresponden, al tiempo que posicionarse de manera clara y taxativa en defensa del trasvase Tajo-Segura".
El portavoz del Gobierno regional recordó que "más de 100.000 familias, 40.000 de ellas de origen inmigrante, dependen de los aportes de agua procedentes de esta infraestructura", y remarcó que "estos recursos hídricos son "vitales e imprescindibles para el sector agrícola murciano, cuyos beneficios repercuten notablemente en el Producto Interior Bruto, PIB nacional".
Fernando de la Cierva destacó que "la Constitución Española es muy precisa a la hora de establecer las bases para garantizar la solidaridad entre las regiones, impidiendo la aprobación de leyes por parte de las comunidades que afecten negativamente a otras".
En este sentido, citó "el artículo 138 del texto constitucional, que determina que el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio, y que las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales".
De la Cierva subrayó que "para los murcianos, y en especial los agricultores, la preocupación no está en qué han aprobado las cortes autonómicas en el nuevo Estatuto castellano-manchego, sino en cómo quedará el texto tras su paso por las Cortes Generales del Estado". "Entonces se verá si el Gobierno del presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, mantiene o no su línea de dejación de funciones en aquellas materias que son de su exclusiva responsabilidad", apuntó el portavoz regional.
A este respecto, el consejero de Presidencia recordó que "la Constitución Española recoge explícitamente los distintos niveles de asunción de competencias, tanto por las comunidades como por el Estado, quedando reservada de manera exclusiva para éste último la ordenación de los recursos y los aprovechamientos hidráulicos, cuando las aguas discurran por más de una Comunidad".
"Zapatero no puede eludir ahora el problema que él mismo creó con su decisión de derogar el anterior Plan Hidrológico Nacional. Un plan que contaba con el consenso social más importante de la historia, con el apoyo también de los castellano-manchegos, y que hubiese permitido dar una solución definitiva al déficit estructural de agua que sufre la Cuenca del Segura", indicó.
Además, afirmó que "tres años después, el Gobierno sigue sin aportar ninguna alternativa real tras eliminar el trasvase del Ebro", informaron fuentes de la Secretaría General de la Presidencia y Relaciones Externas.
"Por ello, que la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, diga ahora que el trasvase Tajo-Segura está amparado por las leyes, no nos ofrece garantías, a la vista de los precedentes del Gobierno socialista que se cargó de un plumazo la Ley del Plan Hidrológico Nacional, PHN, que contaba con el consenso del 86 por ciento de los miembros del Consejo Nacional del Agua", concluyó.
