MURCIA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios Consumur ha mostrado su rechazo "pleno" a la suspensión de abonos y la subida de tarifas "arbitraria y desproporcionada" aplicada de forma "unilateral" por la empresa de transporte público Latbus a partir de este miércoles, según informaron fuentes de esta organización en un comunicado.
En este sentido, solicita a dicha empresa que retire la medida y que "vuelva a la situación de la legalidad vigente", al mismo tiempo que demanda a la Entidad Pública del Transporte (EPT) una "mayor información y modo de actuar hacia los ciudadanos que van a verse claramente perjudicados por la toma de esta medida".
Consumur expresa su satisfacción por la "contundencia" manifestada, al respecto, por la Entidad Pública del Transporte de sancionar en caso de aplicación de dichas tarifas, pero también expresa su "sorpresa" por la "ambigüedad" con la que el gerente de dicho organismo, Luis Lorente, se manifiesta al "no solicitar de forma clara que los usuarios reclamen sus derechos".
Recuerda que Latbus "se ampara en el artículo 19.1 de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre para tomar una decisión arbitraria como la señalada anteriormente".
Dicho artículo señala que "las tarifas del transporte público y de las actividades auxiliares y complementarias del transporte, deberán cubrir la totalidad de los costes reales en condiciones normales de productividad y organización, y permitirán una adecuada amortización y un razonable beneficio empresarial y una correcta prestación del servicio o realización de la actividad, no dejando de retribuir, en su caso, las prestaciones complementarias".
Sin embargo, Consumur dice que para que ello pudiera tenerse en cuenta "ha de aplicarse el artículo 19.3 que viene a indicar que la revisión de las tarifas se autorizará por la Administración, de oficio o a petición de los titulares de los servicios o actividades de transporte o, en su caso, de las asociaciones empresariales o de usuarios".
Por tanto, reprocha que Latbus "está cometiendo una grave ilegalidad al no cumplir con este precepto, teniendo en cuanta además, que no es una empresa privada al uso que puede regular sus propios precios, sino que responde a una concesión administrativa de carácter público, cuyas tarifas y forma de funcionamiento están reguladas por normas como la propia Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, entre otras, a las que la propia Latbus hace referencia para aplicar, de forma unilateral, estas nuevas tarifas".
"GUERRA ABIERTA"
Consumur considera que existe una "guerra abierta" entre Latbus y las administraciones locales de Murcia y Alcantarilla y la Administración regional, por "impago de éstas de las subvenciones de años anteriores que suponen un gravamen para el normal funcionamiento de la empresa".
Si bien esta asociación de consumidores y usuarios considera "justo" que las Administraciones cumplan con sus compromisos económicos, considera "inaceptable", por otro lado, que la empresa concesionaria "tome como rehenes a los usuarios del transporte público para negociar sus legítimos derechos".
A su juicio, esta actitud "le descalifica y hace que pierda cualquier credibilidad y apoyo que pudiera tener por parte de la ciudadanía". Ante la situación de "ilegalidad" cometida por Latbus, Consumur recomienda a los ciudadanos que "interpongan su correspondiente reclamación".
Para ello, Consumur dice que una vez pagado en el autobús el nuevo importe del billete, se debe solicitar al chofer una hoja de reclamaciones para interponer la correspondiente denuncia.
Así, recomienda que el usuario explique en la hoja de reclamaciones que la protesta se debe "a la ilegalidad cometida por la empresa concesionaria del transporte público en Murcia, Latbus, de subir las tarifas de los billetes de autobús sin que esté sustentada por una aprobación del gobierno de la Comunidad autónoma de la Región de Murcia, conforme al artículo 19.3 de la Ley 16/1987 de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, así como demás normas complementarias".
El usuario debe completar la hoja diciendo que, dado que se le ha cobrado por un billete "el importe de 'x' euros, que excede en 'x' céntimos el importe que está en vigor según las últimas tarifas aprobadas, solicito que se me devuelva la diferencia que he tenido que pagar de más por imposición de dicha empresa concesionaria que no me daba más opción para viajar en la línea 'x'".
Asimismo, la hoja de reclamaciones debe incluir la dirección de destino a la que se dirige el autobús, y la fecha y hora en la que se ha hecho uso de la línea.
Consumur añade que esta reclamación deberá ser firmada por el conductor del vehículo, en nombre de la empresa, así como por el reclamante, debiéndose quedar dos copias éste último al objeto de que una sea remitida a la Junta Arbitral del Transporte de la Región de Murcia o pudiéndose ser tramitada también, a través de las omics o cualquier asociación de Consumidores y Usuarios. La otra copia deberá quedársela el propio reclamante en prueba de la reclamación interpuesta ante la empresa.
Consumur anima a todos los ciudadanos que manifiesten su disconformidad con esta medida que, "en un momento dado, podría colapsar la salida del autobús si hubieran muchos usuarios que, al mismo tiempo, realizaran la denuncia oportuna".
Por otro lado, la asociación recomienda a quienes tengan la posibilidad de ello, que busquen "alternativas de transporte que les pudieran resultar mucho más económicas o rentables en otros aspectos, como por ejemplo, la utilización conjunta de vehículos privados o la utilización del taxis e, incluso, para quienes quieran optar por una solución más ecológica y sana, la utilización de la bicicleta o pequeñas motocicletas".
Consumur demanda que tanto la empresa concesionaria como la Administración regional "lleguen, de forma inmediata, a un principio de acuerdo y que eviten mayores perjuicios de los que van a empezar a sufrir los usuarios del transporte público por autobús".
Por último, la asociación quiere expresar la "mala praxis" llevada a cabo por la empresa, "no sólo por la medida antisocial que ha tomado, sino por el momento elegido para hacerlo, en pleno agosto y en la semana más vacacional del verano de los ciudadanos".
