En algunos casos el tipo impositivo "puede llegar incluso a cuadruplicar el precio del gas", asevera la patronal
MURCIA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) ha criticado que el nuevo impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero "supone un nuevo lastre para el sector empresarial", según recoge el último boletín de coyuntura económica publicado por la patronal.
La patronal explica que se trata de un tributo de naturaleza indirecta, con carácter medioambiental y que recae sobre el consumo de una serie de gases atendiendo a su potencial de calentamiento atmosférico y, por tanto, a su impacto negativo sobre el medio ambiente.
En particular, grava los Hidrofluorocarburos (HFC), los Perfluorocarburos (PFC), el Hexafluoruro de azufre (SF6), y los preparados que contengan estas sustancias, incluso regenerados y reciclados, salvo sustancias reguladas con arreglo al Reglamento (CEE) nº 1005/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo.
No obstante, y según algunas de las Asociaciones Empresariales nacionales de sectores afectados, la patronal señala que "llama la atención que no se penalicen las fugas de este tipo de gases, que es lo que realmente contamina".
CROEM cree que, quizás, esta omisión "pudiera estar fundada en la rapidez con la que se ha elaborado la normativa del impuesto, en cuyo diseño inicial no se ha contado con la experiencia ni las aportaciones de la industria, aspecto que podría haber simplificado el funcionamiento posterior del mismo".
UN IMPUESTO "EXCEPCIONAL" EN EUROPA
Por otra parte, la Confederación considera que debe tenerse en cuenta que se trata de un impuesto que "no está ni mucho menos generalizado en Europa", y que ni la Comisión Europea ni el Consejo Europeo "han propuesto la creación obligatoria de un impuesto de estas características", tal como señala la Asociación de Empresas de Frío y sus Tecnologías (AEFYT).
De hecho, recuerda que en Europa "solamente lo aplican algunos países nórdicos como Dinamarca, Suecia y Noruega, que presentan una climatología muy distinta a la española". Por tanto, la patronal critica que este impuesto "puede redundar en una pérdida de competitividad de las empresas de los distintos sectores afectados, pues una regulación de este tipo solo es eficiente si es aplicada por todos los países del entorno".
Incluso, ROEM considera que "es muy posible que no se consiga el objetivo perseguido de reducir las emisiones a la atmósfera, o que se haga a un precio demasiado elevado, ya que en España -por sus condiciones climáticas- los sistemas alternativos son altamente ineficientes, al ser las necesidades de refrigeración radicalmente diferentes a las de otras zonas de Europa".
Por tanto, el tributo "lo que hace en realidad es favorecer tecnologías mucho menos eficientes en nuestro país", asevera CROEM.
IMPACTO SOBRE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
Aunque la implantación del tributo será progresiva, del 33 por ciento en 2014, 66 por ciento en 2015 y 100 por ciento en 2016, la carga fiscal "va a ser muy alta para las empresas, pudiendo acercarse en algunos casos a los 200.000 euros". En algunos casos el tipo impositivo "puede llegar incluso a cuadruplicar el precio del gas", asevera la patronal.
Además, CROEM detalla que afectará directamente a actividades económicas tan relevantes como la industria de la alimentación, la distribución agroalimentaria, la energía eléctrica o la hostelería. Según algunas estimaciones realizadas, el impacto de convertir todo el parque nacional de supermercados a sistemas alternativos conllevaría un coste de entre 4.350 y 5.000 millones de euros según AEFYT.
Además, supondrá unos 1.000 euros al año a las tiendas de pequeñas dimensiones, entre 5.000 y 9.000 euros a los supermercados y hasta 9.000 a grandes hipermercados, según cálculos del sector de la distribución comercial. En la Región de Murcia, la Agrupación de Conserveros cifra en 25 millones de euros el impacto en su sector.
En definitiva, bajo una apariencia de "protección medioambiental", CROEM cree que "puede que en realidad se esté persiguiendo una finalidad claramente recaudatoria, ya que se estima que aportará 340 millones de euros a las arcas públicas, además de aumentar la base imponible del IVA-, a costa de imponer más cargas administrativas y una elevación de los gastos financieros a las empresas".
La CROEM recuerda que las administraciones públicas españolas están realizando un "esfuerzo enorme" en los últimos años para "moderar sus excesivos déficits públicos", pero recuerda que distintos organismos internacionales como el Banco Central Europeo, o el Fondo Monetario Internacional, han señalado en diversas ocasiones que esa deseable consolidación fiscal debiera apoyarse más en la reducción de gasto superfluo que en el aumento de la presión fiscal.
Sin embargo, la patronal lamenta que muchas de las medidas adoptadas hasta el momento "han supuesto una mayor carga tributaria para las empresas, lo que supone una merma de su competitividad respecto a las competidoras de su entorno".
Uno de los últimos ejemplos, a su juicio, es el impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero creado recientemente, y regulado por la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras.
