Sólo reconocen a Fundación dueña del colegio San Antonio de Padua en Murcia, y a la que los une un parentesco familiar, como acreedor
MURCIA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -
La sociedad Globalis Desarrollo Educacional S.L., cuyos representantes son familiares del presidente de la Fundación Desarrollo Educacional de Escuelas Cristinas --promotora y dueña del colegio San Antonio de Padua y la guardería Niño Jesús del barrio murciano La Flota--, ha entrado en concurso de acreedores --insolvencia judicial--.
Según ha podido conocer Europa Press, la sociedad, que tiene arrendado a una cooperativa de profesores los centros educativos por 12.000 euros mensuales, no reconoce como acreedores ni a los propios maestros ni al primer constructor del centro, la mercantil Prehorman, afectada por los impagos de la Fundación, venciendo el plazo para presentar los créditos económicos contra Globalis este jueves, 28 de octubre.
De lo contrario, explica en declaraciones a Europa Press el abogado de Prehorman, Javier Meseguer Barrionuevo, profesores y constructoras a las que la sociedad adeuda millones "pueden perderlo todo porque después ya no podrán reclamar nada".
En concreto, los representantes de esta sociedad, Globalis, cuyo domicilio coincide con el de la Fundación Desarrollo Educacional de Escuelas Cristianas, son Rosalía Hernández García y su hijo David Saura Hernández, quienes han esperado hasta abril de 2010 para depositar las cuentas anuales del año 2007.
Globalis además era la titular del convenio y concierto educativo con la Consejería de Educación, Formación y Empleo desde el origen del centro hasta la actualidad, aunque este último año fue cedido a una cooperativa de profesores, ya que el propio concierto estaba embargado por las deudas acumuladas.
Ese, señalan desde la mercantil Prehorman, "ha sido el parche de la Consejería que nunca ha reconocido su error al adjudicarle dicho convenio y concierto a un entramado de sociedades que no tenía ni un euro".
Por eso, añaden, "no sanean", al tiempo que critican que "nunca nadie pidiera a la Fundación o a Globalis lo que a todo el mundo: un aval que garantizase la correcta y el total pago de la construcción de dicho centro educativo".
A juicio de Prehorman "no quieren sanear porque entonces se vería la causa de todo, una mala decisión política y jurídica, ya que la familia Bernal Saura no tenía ningunos recursos para afrontar un proyecto de tan ingente importancia económica, habiendo permitido que la familia Bernal engatusara a profesores y constructores por contar con el apoyo y adjudicación de la Consejería de Educación y del Ayuntamiento de Murcia".
Tampoco saben por qué el Ayuntamiento de Murcia "no ha hecho como el de Totana y no le ha anulado ya la adjudicación de las parcelas dadas en su día".
El problema, continúa Prehorman, reside en la contabilidad de Globalis, "pues prácticamente sólo aparecen como acreedores de la misma la familia Saura Bernal". Y es que, apuntan, en la Lista de Acreedores que la sociedad ha presentado ante el Juzgado se reconoce un crédito total a "diversos" acreedores de 4.021.044,82 euros, resultando que de ellos 3.166.019,39 euros es la cantidad que Globalis reconoce a la propia familia Bernal Saura y a otros tantos familiares de Rosalía Hernández García, implicados en otro tipo de sociedades relacionadas entre sí.
De tal forma, indica el letrado Meseguer Barrionuevo, "montan" un concurso de acreedores "bajo la causa falsa de querer pagar a todos aquellos a los que adeudan algo de dinero y de forma ordenada, dejando finalmente fuera a casi todo el mundo menos a ellos mismos, la familia Bernal Saura, que representa casi el 80 por ciento de la deuda que Globalis reconoce contra sí mismo".
Lo único "que pretende esta familia es ponerse delante de los auténticos y verdaderos acreedores para cobrar ésta la primera o, al menos, conseguir ser la que tenga más parte del 'pastel'".
PROTAGONISTAS DEL "ENTRAMADO"
La Fundación Desarrollo Educativa de Escuelas Cristianas es la dueña del colegio, es propiedad 100% de José Saura Bernal, único Fundador de la misma. En el Patronato de dicha Fundación (máximo órgano legal y estatutario de representación y dirección de las Fundacónes) constan José Saura Bernal como presidente; Rosalía Hernández García, esposa del anterior, como Secretaria; y el hijo de los dos anteriores, David Saura Hernñández, como Vicepresidente.
Mientras Globalis Desarrollo Educacional, S.L. es propiedad al 49% de David Saura Hernández (Vicepresidente de la Fundación) y también Apoderado General, como aparece en el Registro Mercantil de Murcia. Otro 49% pertenece a su hermana e hija de los mismos padres, Cristina Saura Hernández, propietaria también de las otras dos sociedades denominadas 'Colegio San Antonio de Padua, S.L.' y 'Guardería Jesús Niño, S.L.', que se están llevando 12.000 euros mensuales, junto a Globalis, por el arrendamiento (o alquiler) de dichos edificios.
Por último el 1% pertenece a Rosalía Hernández García (también Secretaría de la Fundación), quien a su vez es la Administradora Única (único órgano de representación u dirección legal de una sociedad mercantil) y también Administradora Única de las otras dos sociedades de la misma familia (Colegio San Antonio de Padua, S.L. y Guardería Jesús Niño, S.L.).
A los que se unen Pedro Gonzalo Hernández García (y Dolores Peñafiel Liarte), María Dolores Hernández García (y José Luís del Álamo Garrido) y Trinidad Hernández García (y Pedro Abad Pérez), hermanos de Rosalía Hernández García, así como Salvador Hernández Conesa y Dolores García Espín, otros familiares.
OCHO EMBARGOS
Cabe recordar que el colegio cuenta con ocho embargos, dos de ellos sobre el anterior concierto educativo de la Consejería de Educación en los juzgados número 2 y 4 de Cartagena. Así como que la entidad mercantil Prehorman S.L., la primera constructora del este centro concertado, y que interpuso una denuncia contra la Fundación Desarrollo Educacional de Escuelas Cristianas en el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Murcia en el año 2007 por el impago de la obra, tiene embargado tanto el colegio San Antonio de Padua como la guardería Niño Jesús.
Así como los muebles de ambas edificaciones y de la sede de la Fundación, que se encuentra en Cartagena. Además, tiene embargado el millón y medio que dicha fundación ha pagado ya al Ayuntamiento de Murcia por los terrenos.
Pero no son los únicos embargos con los que cuenta esta Fundación en relación al centro San Antonio de Padua y a la guardería Niño Jesús y como consecuencia de sus impagos. Según el Registro de la Propiedad número 8, una profesora tiene dos anotaciones de embargo preventivo sobre el derecho de superficie del colegio en virtud de mandamiento expedido por el Juzgado de Primera Instancia número Dos de Cartagena por reclamación de 42.070,85 euros y de 12.621 euros en conceptos de intereses de demora, gastos y costas.
Además, la segunda empresa acreedora del colegio concertado, Metropolitana de Contrataciones S.L., que asegura que le adeudan 4,6 millones de euros de las obras de construcción, rehabilitación y mejora que realizó en el colegio, tiene embargado el concierto escolar de la Consejería de Educación a la mercantil Globalis Desarrollo Educacional, S.L..
El otro embargo es del Juzgado de 1ª Instancia Número 4 de Cartagena y por el que se le bloquea las concesiones y subvenciones que recibe de la Consejería de Educación hasta cubrir el importe de 304.104,67 euros, más otros 152.000 euros en concepto de intereses y costas.
A lo que se suma que los profesores pagaron 150.000 euros por "la promesa" de obtener una plaza en el centro, por ahora "incumplida". Además todavía se debe 500.000 euros al Ayuntamiento de Murcia.
