MURCIA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
La FAPA-RM Juan González ha denunciado públicamente que la consejera de Educación, Esperanza Moreno, "incumple los acuerdos adoptados, de obligado cumplimiento, que firmó en la Conferencia Sectorial de Educación que ordenaban que el principio general del curso 20-21 fuera la presencialidad y avisaban del impacto negativo que tendría en Infantil y Primaria e instaban a realizar todos los esfuerzos para asegurar la modalidad presencial".
A pesar de esto, la FAPA ha lamentado que la comisión mixta de salud y educación, formada por las Direcciones Generales de Planificación Educativa y Recursos Humanos, Dirección General de Salud Pública, Comisión Mixta y Consejería de Educación, acordaron "implantar el modelo actual que tanto perjuicio está ocasionando", según informaron fuentes de esta organización en un comunicado.
La FAPA-RM Juan González recuerda que el 11 de junio de 2020, en la Conferencia Sectorial de Educación celebrada en Madrid, la consejera de Educación "firmó un acuerdo junto a otras comunidades autónomas en el que se comprometía a adoptar las medidas consensuadas".
Entre estas medidas se encontraba que la actividad lectiva presencial se adoptaría como principio general durante el curso 2020-2021. Según indicaba este documento, la experiencia de este curso había confirmado "la importancia de la presencialidad para el desarrollo habitual de las tareas educativas y formativas".
Por ello, el documento afirmaba que las administraciones educativas debían realizar "todos los esfuerzos necesarios para asegurar la modalidad presencial en todas las enseñanzas, niveles y etapas educativas".
UN ACUERDO DE "OBLIGADO CUMPLIMIENTO"
En el informe de los servicios jurídicos solicitado por Esperanza Moreno, al que la FAPA-RM Juan González ha tenido acceso a través del portal de transparencia, se le advertía de que dichos acuerdos, publicados en el BOE con fecha 24 de junio, "eran de obligado cumplimiento para los responsables de educación de las comunidades autónomas que hayan mostrado su conformidad, entre los que consta la Consejera de Educación de la Región de Murcia".
Sin embargo, la FAPA-RM Juan González señala que en ese mismo informe de los Servicios Jurídicos de la Comunidad se indicaba que en la Región de Murcia "se adoptaba el principio general de semipresencialidad en cumplimiento de dichos acuerdos a pesar de que la Orden publicada en el BOE indicaba que el principio general a adoptar era el contrario".
Además, el informe añadía que "en el caso de las etapas educativas de Infantil y Primaria la actividad no presencial era especialmente difícil, con un gran impacto producido por la brecha digital y el aumento de la desigualdad educativa".
En esta nueva situación, la Federación estima que "resulta obligado adoptar decisiones que permitan retomar la actividad lectiva presencial desde el comienzo del próximo curso 2020-2021 con el máximo de garantías necesarias, pero también con decisión".
"A lo largo de estos meses hemos experimentado la dificultad que supone desarrollar una actividad lectiva no presencial, especialmente en la educación infantil y en la educación primaria, para alcanzar los objetivos inicialmente planteados, así como el impacto producido por la brecha digital y el incremento de las desigualdades educativas que esta situación ha provocado", ha aseverado.
El informe de los servicios jurídicos de la Consejería de Educación fue el documento que avaló la Orden del 31 de agosto en el que se impuso la semipresencialidad.
No obstante, a pesar de que junto a esta imposición "se anunciaron medidas compensatorias relacionadas con la atención educativa y la conciliación, para poder proteger la salud de los alumnos y docentes al mismo tiempo que se mantiene el derecho a la educación y la equidad", a fecha de hoy la FAPA-RM Juan González lamenta que "no se han llevado a cabo ni las anunciadas aulas de conciliación ni existe un plan real, igualitario y transparente respecto a los equipos informáticos y la conectividad en los centros ni para las familias vulnerables".
La FAPA-RM Juan González presentó el pasado mes de octubre un recurso contencioso administrativo contra la Orden del 31 de agosto con las medidas de semipresencialidad porque considera que "vulnera el Derecho a la Educación recogido en la Convención de Derechos de la Infancia, en la Constitución Española y en la ley de Educación, y porque rompe la equidad y el principio fundamental de la escuela y la educación como lugar de compensación de desigualdades sociales".
"El informe jurídico nos indica que se han hecho las cosas mal y conociendo la irresponsabilidad en la que se incurría imponiendo la semipresencialidad en todas las etapas educativas, somos la única comunidad autónoma que se encuentra en esta situación y nos resistimos con toda nuestra fuerza, energía y recursos", ha concluido.
A su juicio, la Consejera de Educación y los responsables de las distintas direcciones generales de Educación que forman parte de la comisión mixta de Educación y Salud creada para afrontar la situación de pandemia en los centros educativos, "han incurrido en negligencias y están causando un daño irreparable a los menores de la Región de Murcia y sus familias al implementar la semipresencialidad como principio general".
Así mismo, la FAPA no entiende cómo en el informe jurídico "se indica que son de obligado cumplimiento y al mismo tiempo se da por buena una propuesta de orden que va en sentido contrario". Así, la FAPA-RM asegura que "llegará hasta donde corresponda para defender el derecho a la educación y la protección de los menores".
