MURCIA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, afirmó hoy que el Ejecutivo murciano "utilizará todos los instrumentos y las armas para que se reconozcan" a las 300.000 personas en las que se incrementó la población desde 1999, cuya atención generó una deuda de 1.600 millones de euros, según estimaciones del Ejecutivo murciano quien, por ello, advirtió que "se están valorando y estudiando todas las posibilidades y no descartamos ninguna opción", incluso la de acudir a los tribunales por no aplicar el sistema que estaba pactado.
García informó al Consejo de Gobierno sobre el documento del nuevo modelo de Financiación Autonómica que fue remitido la semana pasada por el Estado a las comunidades y abordado en la reunión que mantuvo el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, con el jefe del Ejecutivo central, José Luis Rodríguez Zapatero, el pasado lunes en el Palacio de la Moncloa.
Al respecto, dejó claro que "vamos a hacer lo que entendamos que sea lo mejor para los murcianos y, en ningún caso, vamos a renunciar a nada de lo que entendemos que por derecho nos corresponde".
Y es que, recordó, "siempre hemos estado en el mismo sitio para que se reconozcan a esos murcianos que gastan", tras lo que añadió que "seguimos estando en el mismo sitio".
Lo que se reclama desde este Ejecutivo, explicó, es que "se nos reconozca un derecho legal y también moral de que nos devuelvan el dinero que durante estos años hemos satisfecho y no ha tenido su contraprestación, a diferencia de lo que sí ha ocurrido en otras comunidades, que sí que se les ha reconocido una deuda histórica y que se le ha satisfecho".
"Lo hemos hecho ante los gobiernos del PP y lo seguimos haciendo ante el gobierno del PSOE", declaró la consejera, quien criticó que ante toda esta situación, el PSRM "sin saber las cantidades y sin conocer el modelo, simplemente una vez más se pliegan a su Ejecutivo nacional". "Ni siquiera nos apoyan a reclamar la deuda histórica", aseveró.
Por ello, preguntó a los socialistas murcianos "por qué se oponen a que se pague la deuda de más de 1.600 millones de euros que tiene el Gobierno de España con la Región por el incremento de la población".
En esta línea, la titular de Economía y Hacienda explicó que el Gobierno murciano "fue el primero en reivindicar la actualización anual de la población entre los criterios de la financiación autonómica y que consiguió en el año 2001 incluir un artículo, el número 4, en la Ley de Financiación Autonómica, aprobado aquel año por unanimidad, consenso y acuerdo de todas las comunidades de España".
"Se trataba de un sistema definitivo, aunque necesariamente ajustable, que suponía la actualización de la población, capaz de reflejar la evolución de las necesidades reales de financiación regionales", aseveró la consejera, quien recordó que "en el año 2004 se creó un grupo de trabajo para hacer valer la reivindicación murciana de la población, que llegó a las conclusiones pertinentes para actualizarla y no se quiso aplicar".
MODELO INCONCRETO Y ABSTRACTO.
Al hilo, García subrayó que el Ejecutivo de Valcárcel "siempre ha defendido el criterio de población frente a gobiernos de distinto signo político", y lamentó "la actitud de los socialistas murcianos que, al llegar Zapatero a la Moncloa, abandonaron la defensa de los intereses de la Región".
Estimó que con el pago de la deuda acumulada estos años "se podrían generar 40.000 puestos de trabajo en la Región, casi para la mitad de los que hoy están parados, y permitiría la construcción de 266 institutos, o de 16 grandes hospitales como el nuevo de Cartagena".
Así, García calificó el borrador del nuevo modelo de "inconcreto y abstracto", y afirmó que "el Gobierno tendría que haber especificado tanto el cuánto, como el cómo va a poner en marcha ese modelo".
Por todo ello, dejó claro que Murcia "seguirá revindicando la actualización de la población, porque ya son más de 335.000 nuevos murcianos los que acuden a los servicios de Urgencias, precisan atención médica, llevan a sus hijos a los colegios o guarderías, y a sus mayores a los centros de día, y eso lo tenemos que pagar con el bolsillo de la Comunidad".
