19 de octubre de 2019
  • Viernes, 18 de Octubre
  • 20 de septiembre de 2019

    Fiscal superior de Murcia señala que las reformas legales deben ir precedidas "de la dotación de medios adecuados"

    Fiscal superior de Murcia señala que las reformas legales deben ir precedidas "de la dotación de medios adecuados"
    El fiscal superior de la Comunidad, José Luis Díaz Manzanera, en la apertura del año judicialTSJ - ARCHIVO

    Transmite la preocupación por reformas como la de artículo de 324 de la LEC y subraya la necesidad "imperiosa" de aumento de medios personales y materiales

    MURCIA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

    El fiscal superior de la Comunidad, José Luis Díaz Manzanera, ha asegurado, en su discurso con motivo de la Apertura del Año Judicial, que "la justicia sigue siendo la gran tarea pendiente en este país, no me canso de repetir esto año tras año, pero me niego en caer en la resignación".

    Así ha transmitido la preocupación de la Fiscalía Superior de la Región por la "delicada" situación generada por alguna reforma legal, "que trasciende en un trabajo que se realiza con el máximo de profesionalidad, por unos funcionarios íntegros y honestos, altamente cualificados (Fiscales, Jueces, Letrados de la Administración de Justicia), por supuesto no exento de errores".

    A su juicio, "la filosofía que rige las reformas legales, y en concreto del ya tristemente famoso artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", que establece que las diligencias de instrucción se practicaran durante el plazo máximo de 6 meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de diligencias previas, "puede tener su sentido: el poner plazos a la investigación de los delitos, ya que es inaceptable que los procedimientos judiciales se alarguen en el tiempo".

    Pero, a su parecer, "ese camino debe venir precedido de la dotación de los medios adecuados, y que no se haga a cualquier precio, inclusive pudiéndose atentar contra el respeto de derechos fundamentales, como el de la tutela judicial efectiva", apuntando que todas las asociaciones de Fiscales y Jueces están exigiendo reiteradamente la derogación del artículo 324, o al menos su modificación.

    Según José Luis Díaz Manzanera, las consecuencias que se derivan de su aplicación estricta puede atentar al mismo 'ius puniendi' del Estado y la imagen de la justicia, "generando una vergonzante sensación de impunidad". Y es que "es muy difícil explicar a un ciudadano del siglo XXI que un asunto en el que se ha visto afectado o interesado, se va al traste por la regulación de unos plazos inasumibles en función de unos medios que son del siglo pasado".

    "El resolver la situación generada es tarea de todos. Esto es un problema de toda la ciudadanía, que afecta al propio sistema democrático y lo que es más grave, a la propia credibilidad de la justicia, debiendo evitar entre todos que se produzca cualquier atisbo de desarraigo hacia aquélla", ha acentuado el Fiscal superior de Murcia.

    Por lo que subraya la necesidad "imperiosa" de aumento de medios personales y materiales, para, lo que reconoce, "no ayuda precisamente la situación política que existe a nivel nacional al no mantenerse un gobierno estable".

    FALTAN, AL MENOS, 15 FISCALES PARA EQUIPARSE A LA MEDIA

    En los cuanto a los medios personales, y en lo que respecta a la Fiscalía, insiste una vez mas, los resultados en cuanto a la productividad del trabajo del Ministerio Fiscal en Murcia.

    Y es que, acentúa, es la cuarta de España en carga de trabajo, y la décima en número proporcional de Fiscales, siendo la primera de España en 'ratio' Fiscal-población con 23.846 habitantes por Fiscal, siendo precisamente la Región de Murcia una de las pocas regiones que ha aumentado en población.

    Faltan al menos unos 15 Fiscales para equiparnos a la media nacional, según Díaz Manzanera. En cuanto a los funcionarios, subraya que "la Fiscalía de Murcia es la peor dotada de España". Igualmente hacen falta más medios materiales: la ampliación de instalaciones en la sede de Fiscalía de Murcia, la necesidad de que empiecen las obras ya adjudicadas del Palacio de Justicia de Lorca, y que se dote a Cartagena de una imprescindible Ciudad de la Justicia, y a Molina de Segura de un nuevo edificio.

    Factores que pueden influir en la agilización de la justicia, a su juicio, sería la asunción por el Fiscal de la instrucción de las causas penales, y la consolidación del gran reto que supone la Justicia o Expediente Digital, que ha entrado en funcionamiento para toda la región.

    Adolece éste aún de numerosos y graves defectos, como son la existencia en Fiscalía de hasta 4 aplicaciones informáticas en las que hay que estar trabajando a la vez, "siendo imprescindible una única aplicación integrada".

    Finalmente, ha querido mandar un mensaje tanto a instituciones públicas como a ciudadanos de confianza en la Justicia "y en los profesionales que formamos parte de ella"; y a los responsables de darnos las herramientas legales y de infraestructura, "que éstas sean acordes y suficientes para que podamos desempeñar nuestra función de una forma digna y como lo que somos: un verdadero servicio público".

    EN DATOS

    El Fiscal ha avanzado que en procedimientos por delitos hay aumento de incoaciones en casi todos ellos, con un total de 82.536, lo que
    supone un 21,91 por ciento más, destacando los 8.613 juicios celebrados (con un subida de 14,76%), y de sentencias, siendo la suma de las dictadas tanto por los Juzgados de lo Penal como por la
    Audiencia Provincial, de 4.846: siendo conformes con el Fiscal en el 87,79%.

    Por delitos, hay un aumento generalizado, a excepción de los delitos contra la Vida e integridad, que disminuyen. Así, en Libertad sexual, se incoaron un total de 1.060 denuncias previas, frente a 591 del año anterior, lo que supone un incremento de un 79,4 por ciento, debido básicamente, "a que se ha denunciado mucho más y que la digitalización de la justicia hace más precisa la labor de registro".

    Como factores de ese aumento se sitúa, tal como ha afirmado la Fiscalía General del Estado, la facilidad de acceso a la pornografía a través de las nuevas tecnologías y a edades cada vez más tempranas, donde se representa a la mujer 'cosificada', y también a los menores. Para luchar contra ello el Fiscal indica que "hay que afrontar la situación desde el ámbito educacional, y con la transmisión de los valores de igualdad, respeto y no discriminación".

    Destacan también las denuncias presentadas en Fiscalía por la Iglesia, por comportamientos de esta índole en su seno, "lo que supone un signo de aperturismo y transparencia". Aumenta igualmente los delitos contra las relaciones familiares, contra el patrimonio, y contra la Administración Pública.

    Concretamente, en Violencia contra la mujer ha descendido en un 2,8% por Lesiones y maltrato familiar, aumentando en amenazas, coacciones y acoso familiar. La suma total de sentencias ha sido de 1.241, siendo absolutorias el 22,82%, si bien más de la mitad son por retirada de denuncia.

    El Fiscal destaca que se mantiene el problema de años anteriores: víctimas que se niegan a ratificar la denuncia, así como que aquellas se acogen a la dispensa de declarar. Recuerda que durante el año 2018, consta un solo supuesto de muerte violenta; y destaca en este ámbito un preocupante incremento de las diligencias incoadas por delito de quebrantamiento de condena, y las medidas cautelares de prisión, con 47 acordadas.

    La Fiscalía de Menores, por ejemplo, destaca su labor en expedientes de reforma y de Protección, así como un aumento considerable en la llegada de menores extranjeros no acompañados, con un total de 482 expedientes de determinación de edad de los que 437 resultaron ser menores (frente a los 155 del año precedente). También se incoaron 83 expedientes de absentismo y/o abandono escolar (frente a los 58 del año anterior) y se interpusieron 21 denuncias por posible delito de abandono.

    Además se ha constatado en años de elecciones, la proliferación los Delitos electorales: "debiendo tener presente todos los responsables públicos que el respeto a la ley debe ser no solo mantenida", sino si cabe aumentada en esos periodos en los que se solicita el voto del ciudadano, "respeto que debe ser exigido también respecto de todos los intervinientes en la campaña electoral".

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