Una vez agotada la vía administrativa y en caso de que opte por su silencio o no responda a la reclamación, se acudirá a los tribunales
MURCIA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat de Cataluña tiene de plazo dos meses, una vez agotados los cuatro primeros, para decidir si asume la indemnización que supera los 800.000 euros que le han reclamado los abogados que representan a las familias de las dos personas, una de ellas un joven de 16 años, que fueron asesinadas por Jorge Agustín S.R. en 2011 en Mazarrón.
El proceso se encuentra en su fase administrativa al reclamar directamente a la Generalitat de Cataluña su responsabilidad patrimonial e indemnizaciones por daños y perjuicios sufridos, según ha explicado a Europa Press uno de los dos abogados de la causa, Jesús Martínez, quien advierte que "una vez agotada la vía administrativa, si la Generalitat no contesta o no responde a la indemnización nos veremos obligados a ir a los tribunales".
Precisamente, la ley obliga en causas de este tipo donde el demandado es la Administración que, en un primer término, se acuda a la vía administrativa al estar involucrada como responsabilidad patrimonial y no a los juzgados, al ser una prerrogativa a la que tienen derecho todas las administraciones en España.
Pasado el tiempo que tienen de plazo para contestar, seis meses en total, si la Generalitat dicta una resolución expresa rechazando esta indemnización, los letrados tendrán dos meses de plazos para interponer un recurso contencioso. En caso de que no dicte resolución y opte por el "silencio administrativo", Martínez ha explicado que el plazo para presentar este recurso será de seis meses.
En esta línea, ha hecho referencia a la ley de tasas judiciales, en la que se interesa que la Generalitat no dicte una resolución, porque "se entendería que hay silencio administrativo y la viuda no tendría que hacer frente a las tasas, que en su caso ascendería a unos 800 euros", según el importe calculado que se desprende de la indemnización, que alcanza los 420.000 euros. "Es un despropósito que después de que maten a su marido tenga que pagar estas tasas", ha lamentado su letrado.
LOS HECHOS
Según entiende el letrado, el permiso que se concedió a este preso, que se encontraba interno en la cárcel Modelo de Barcelona y a la que no regresó, fue "precipitado" en el sentido de que tenía unas 26 sentencias firmes condenatorias.
Martínez, que representa a la viuda, reanudó hace unos meses la reclamación interpuesta a la Generalitat. Y es que se considera que la Generalitat, al tener transferidas las competencias en materia penitenciaria, "es la responsable de conceder el permiso carcelario" al procesado, que en mayo de 2011 se encontraba en la cárcel de Barcelona cumpliendo una pena privativa de libertad.
Jorge Agustín S.R. fue considerado culpable de un doble delito de asesinato con alevosía al considerar probado el Jurado Popular que mató a dos personas, una de ellas un menor de 16 años. Los hechos ocurrieron el 13 de noviembre de 2011, cuando el procesado se trasladó hasta Mazarrón, donde se hospedaba en el hotel Costa.
Cargado con tres armas, sobre las 22.12 horas salió del hoteles y casi una hora más tarde se cruzó con una de las víctimas cuando paseaba por la avenida de la Constitución.
Sin "razón conocida", sostiene el fiscal, el acusado se acercó a la víctima, que tenía 32 años, y tras una "breve" conversación sacó una de las pistolas y, de forma sorpresiva y sin dar tiempo a la víctima a defenderse, le efectuó tres disparos a poca distancia que le produjeron muerte de forma casi inmediata.
Seguidamente, se marchó del lugar y una dos calles más adelante llegó a la Plaza del Molinete, donde se encontraba sola otra de las víctimas, un joven de 16 años que residía en dicha plaza y que había salido a pasear a su perro.
Cuando el acusado pasó por el lado de la víctima, que se encontraba de pie y parada con las manos metidas en los bolsillos mirando hacia adelante, le efectuó un disparo en la cabeza a corta distancia, produciendo una herida mortal que motivó que falleciera tres días después.
