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Izquierda Plural preguntaba al Gobierno si prevé investigar la "brutalidad" policial en las movilizaciones del último año
MURCIA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno central ha defendido como "ajustadas al ordenamiento jurídico" las actuaciones policiales que tuvieron lugar con motivo de la concentración de vecinos en el paso a nivel de Santiago el Mayor el día del Bando de la Huerta de 2013 para exigir el soterramiento de las vías, así como la intervención policial en junio de 2012 con ocasión de la protesta a las puertas del Palacio de Justicia por la declaración del alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, y la intervención en septiembre de 2012, con motivo de la protesta 'Rodea el Congreso' frente a la Delegación de Gobierno en Murcia.
El Gobierno ha respondido de esta forma al portavoz de Interior de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso de los Diputados, Ricardo Sixto, quien lamentaba que desde hace más de un año, en la Región de Murcia "se está viviendo una etapa de represión a los movimientos sociales y contra la protesta ciudadana, sin precedentes".
En concreto, el diputado de Izquierda Plural lamenta que en la Región se han sucedido "numerosas actuaciones desproporcionadas, identificaciones arbitrarias e indiscriminadas, sanciones administrativas, numerosos detenidos y ciudadanos que han sufrido agresiones" con fines "intimidatorios y disuasorios", por lo que "se reportaron y fueron denunciadas".
A modo de ejemplo, Sixto citaba las protestas pro soterramiento en el Barrio de Santiago el Mayor el 2 de abril de 2013, día del Bando de la Huerta, cuando "cinco personas fueron detenidas como consecuencia de la actuación policial", a pesar de que "todas ellas se encontraban alejadas de las vías del tren". Además, lamenta que tres de ellas requirieron atención médica y, de ellas, dos tuvieron que ser hospitalizadas por urgencias.
En segundo lugar, Sixto citaba la protesta que tuvo lugar a las puertas del Palacio de Justicia con motivo de la declaración del alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, por su imputación en el denominado caso 'Umbra' de corrupción urbanística. Durante la intervención policial, lamenta que la docena de personas que protestaban "sufrieron agresiones físicas".
En tercer lugar, el diputado de Izquierda Plural recuerda que con motivo de la protesta 'Rodea el Congreso', un joven de 16 años fue "atropellado y golpeado ante la Delegación de Gobierno, sufriendo como consecuencia un pie roto y seis meses en silla de ruedas, además de las innumerables contusiones y heridas". Además, critica que varios ciudadanos que habían participado pacíficamente de la concentración y se retiraban de la misma "también padecieron las cargas policiales".
Por todo ello, Sixto ha preguntado al Gobierno central cómo valora las "desproporcionadas actuaciones policiales, sin precedentes, que se han llevado a cabo en Murcia durante el último año con motivo de las diversas manifestaciones, concentraciones o protestas ciudadanas contra las políticas del Gobierno".
Asimismo, preguntaba si el Gobierno ha previsto el Gobierno abrir alguna investigación sobre la "brutalidad" de las actuaciones policiales, si tiene previsto "exigir alguna responsabilidad a los mandos que ordenaron las cargas policiales", y si tiene previsto dictar alguna instrucción para poner fin a las "identificaciones arbitrarias e indiscriminadas" de ciudadanos.
EL GOBIERNO DEFIENDE QUE SE AJUSTARON A DERECHO
A este respecto, el Gobierno ha respondido que la intervención policial en manifestaciones y concentraciones "consiste, exclusivamente, en procurar la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos". En este sentido, puntualiza que durante los años 2012 y 2013 en la Región se desarrollaron un total de 783 actos de manifestación y concentración, habiéndose producido "disturbios" en seis de ellos.
En concreto, el Gobierno defiende que en la protesta por el soterramiento de la vía del tren en Santiago el Mayor un grupo de unos 300 manifestantes "cortó, durante un acto de manifestación no comunicada, las vías del ferrocarril, impidiendo la circulación del tráfico ferroviario en Murcia". Paralelamente, explica que el Cuerpo Nacional de Policía fue informado de la existencia de "incidentes entre usuarios del tren y empleados de la Estación del Carmen".
Teniendo en cuenta la "numerosa asistencia" de visitantes a la fiesta del Bando de la Huerta, el Gobierno sostiene que "existía una situación de riesgo grave para la seguridad pública siendo precisa la presencia de funcionarios policiales con la finalidad de despejar el citado tramo de vía".
Sin embargo, el Gobierno central explica que los manifestantes "hicieron caso omiso a las reiteradas solicitudes de disolución, negándose los responsables de la manifestación a identificarse ante los agentes que se lo requerían", por lo que considera que la actuación policial "se ajustó a derecho y, en cumplimiento de la normativa de seguridad ciudadana, se procedió a la detención de las personas que estaban al frente de la manifestación".
A juicio del Gobierno, tal afirmación "se corrobora por el pronunciamiento emitido al efecto por el Juzgado de Instrucción, al condenar a los detenidos como responsables de una falta contra el orden público, así como al pago de las costas causadas".
Con respecto a la protesta frente al Palacio de Justicia con ocasión de la declaración de Cámara, el Ejecutivo señala que una vez se produjo la entrada del alcalde, un grupo de personas que protestaban contra él se desplazó hacia la calle Trapería y Gran Vía, "introduciéndose en varias entidades bancarias, interrumpiendo el normal desempeño comercial de las mismas y provocando diversos daños en sus cajeros automáticos".
Posteriormente, sobre las 13.30 hora, unas 20 personas del mismo grupo, "se presentaron de nuevo en las puertas del Palacio de Justicia a la espera de la salida del declarante", y allí "se produjeron una serie de disturbios, provocando empujones y forcejeos con los funcionarios policiales, llegando uno de los organizadores de la protesta a intentar coger el arma reglamentaria de uno de los agentes", según la versión del Gobierno.
Como consecuencia de tales conductas, afirma que fueron identificados los manifestantes más activos, remitiéndose el atestado policial a la autoridad judicial.
La tercera actuación policial tuvo lugar el 29 de septiembre de 2012, con ocasión de la iniciativa 'Rodea el Congreso' frente a la Delegación, donde el Gobierno recuerda que "un grupo de unas 250 personas gritaban consignas en favor de asaltar la sede institucional, motivo que dio lugar al traslado de varias dotaciones policiales con el fin de impedir tal asalto".
Posteriormente, el Gobierno explica que el grupo de manifestantes "se desplazó por las calles de Murcia, provocando diversos incidentes, interrumpiendo el tráfico rodado, acometiendo contra varios vehículos y sus ocupantes, intentando paralizar la actividad de varios comercios y de una entidad bancaria, y arremetiendo contra diversos viandantes".
Según las mismas fuentes, el referido grupo de personas "finalizó su recorrido en la Delegación del Gobierno, donde comenzaron a lanzar objetos contundentes como botellas, rodamientos metálicos y piedras contra los funcionarios policiales allí desplegados".
El Gobierno remarca que el menor de edad herido "era una de las personas que presuntamente lanzaba piedras contra los agentes, por lo que fue seguido por un policía que conducía una motocicleta". En el momento de llegar a su altura, el funcionario "le dio el alto y éste le respondió con una patada que impactó en el vehículo del agente". Como consecuencia de la patada, el agente "perdió el equilibrio y cayó de la motocicleta, y ésta, en su caída, golpeó al joven en el pie".
