Al detectar los errores, la Consejería pide su "inmediata retirada e intenta que las editoriales activen mecanismos que puedan prevenirlos"
MURCIA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno murciano ha ratificado que los "gravísimos" errores detectados en contenidos de algunos libros de texto que hacen referencia a la Región son "responsabilidad única y exclusiva" de las editoriales, y ha afirmado que la Comunidad solo puede actuar cuando se detectan los fallos, pero no establecer ningún tipo de "censura previa" o comité técnico que revise los manuales antes de su publicación.
Así lo ha hecho saber la portavoz del Gobierno murciano, Noelia Arroyo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y al ser preguntada por este asunto.
En este sentido, Arroyo ha señalado que la Consejería de Educación, Juventud y Deportes se encarga de publicar un decreto curricular y, en base a sus pautas, las distintas editoriales e, incluso, algunos colegios desarrollan su propio material con "total libertad creativa", de forma que no hay "ningún tipo de censura previa".
Si se detectan errores, como en este caso, la Consejería pide su "inmediata retirada, rectificación e intenta que las editoriales activen mecanismos que puedan prevenir esos errores antes de que el material llegue a las aulas", tal y como ha señalado Arroyo, quien ha ratificado que se trata de un asunto que es responsabilidad "única y exclusivamente" de las editoriales.
Algunos de esos errores "han trascendido a la prensa", pero Arroyo ha confirmado que el departamento de Inspección de la Consejería de Educación ya había hecho un informe en el que había detectado diversos errores en esos libros de sexto de Primaria y, en concreto, del área de Ciencias Sociales.
A este respecto, ha confirmado que no se puede habilitar ningún comité técnico o mecanismo por parte de la Consejería para actuar previamente, "salvo fijar los criterios curriculares de desarrollo de los temas".
En este caso, ha señalado que los padres de un centro detectaron estos fallos y la Consejería ha actuado "de forma contundente" pidiendo la rectificación. Además, la consejera del ramo, Adela Martínez-Cachá, tiene previsto mantener próximamente una reunión con los responsables de las respectivas editoriales.
Por otro lado, Arroyo ha recordado que el Grupo Parlamentario Popular, que es el que sostiene al Gobierno murciano, está trabajando en una iniciativa en la Asamblea Regional para que "se puedan reforzar los mecanismos con el fin de evitar que vuelvan a producirse estos errores".
"No podemos hacer más", ha reconocido Arroyo, quien ha señalado que el problema solo se puede detectar cuando el material llega a los colegios y cuando personal técnico de los centros que va a utilizar los manuales detecta algún fallo.
"No existe ningún comité previo ni se puede tomar esa decisión por parte del Gobierno de la Región de Murcia, salvo publicar el decreto curricular y dejar la libertad creativa a las editoriales e intentar que sean mucho más rigurosos desde el punto de vista científico para que eviten todo este tipo de errores, que son gravísimos a juicio del Ejecutivo regional", según Arroyo.
La portavoz del Ejecutivo ha considerado que estos fallos "no deberían haber llegado" ni al libro de texto, ni a los colegios. "Por supuesto, cualquier padre o cualquier miembro de este Gobierno siente indignación al verlo, como el resto de ciudadanos, pero tenemos que actuar de la forma que hemos hecho: lo detectamos, lo retiramos, exigimos la inmediata rectificación y se activan mecanismos por parte de las editoriales", ha aseverado.
Arroyo ha explicado que, al parecer, la propia editorial ya había actualizado ese libro en concreto y el problema "ya estaba resuelto" por lo que, probablemente, se trataba de material que estaba "obsoleto".
"Como no hay ningún comité de censura previa que analice los contenidos, no se detecta hasta que se detecta", según Arroyo, quien ha ratificado en cualquier caso que "esto no es responsabilidad del Gobierno regional", ya que "no podemos analizarlo todo".
Ha insistido en que la Consejería publica el decreto curricular y confía en que las editoriales sigan las pautas "de la forma más rigurosa posible", con el fin de que el material "llegue en las condiciones apropiadas a los colegios". Si se detecta alguna irregularidad "es cuando se activan los mecanismos", ha concluido.
