Guardia Civil desmantela un grupo delictivo dedicado a la falsificación de documentos de vehículos

Guardia Civil desmantela un grupo delictivo dedicado a la falsificación de documentos de vehículos
Guardia Civil desmantela un grupo delictivo dedicado a la falsificación de documentos de vehículos - GUARDIA CIVIL
Publicado: miércoles, 23 octubre 2019 14:08

MURCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarrollado la operación 'Negociado', una investigación dirigida a esclarecer una serie de delitos de usurpación de estado civil, estafa y falsedad documental en la Región de Murcia y el la provincia de Alicante, que se ha saldado con la desarticulación de un grupo delictivo, integrado por seis personas y asentado en Villajoyosa y San Pedro del Pinatar.

Las actuaciones se iniciaron el pasado verano, a raíz de la presentación de una denuncia en el puesto de la Guardia Civil de Villajoyosa por un suceso un poco extraño.

La denunciante -de origen extranjero y residente temporal en el país- comunicó que había recibido, mediante correo, tres denuncias de tráfico correspondientes a infracciones administrativas cometidas por el conductor de un vehículo del que ella figuraba como titular según la base de datos de Tráfico, aunque en la denuncia afirmaba que no tenía ningún vehículo de ese tipo a su nombre, por lo que la Benemérita abrió la correspondiente investigación para esclarecer los hechos.

Los indicios obtenidos durante los primeros pasos de la investigación condujeron a los guardias civiles hasta un taller mecánico de la localidad murciana de San Pedro del Pinatar.

Tras realizar las pesquisas oportunas se constató que el titular del taller obtuvo la documentación a través de una tercera persona, la cual había sido persona de confianza de la víctima, lo que le permitió hacerse con documentos personales de la misma para posteriormente utilizarlos de forma fraudulenta en la compra y venta de vehículos.

Estos trámites se realizaron presuntamente por teléfono o bien a través de correos electrónicos falsificando la firma de la víctima para a continuación presentar la documentación.

Además de la transferencia de los vehículos, a éstos se les asignaban contratos de seguro obligatorio de automóviles a nombre de los nuevos titulares, que desconocían su "nueva" propiedad.

Para que los vehículos se pudieran transferir a nombre de la víctima, los trámites se realizaban a través de conocidas gestorías de San Pedro del Pinatar y de Alicante.

Estas gestorías aceptaban los documentos necesarios para realizar las compraventas de vehículos como válidos, sin hacer las mínimas comprobaciones que la ley les obliga, por lo que se les considera cómplices necesarios para la comisión del delito.

Por último, las gestorías tramitaban la documentación a las jefaturas de Tráfico correspondientes para que seguidamente se iniciara el expediente de cambio de titularidad de los mismos, haciéndose efectivo en días posteriores.

Una vez obtenidos todos los indicios necesarios e identificados los sospechosos de la actividad delictiva investigada, la Guardia Civil ha localizado y detenido/investigado a seis personas como presuntas autoras de los delitos de usurpación de estado civil, estafa y falsedad documental, logrando esclarecer, hasta el momento, seis hechos delictivos.

Durante el desarrollo de la operación, los guardias civiles se han incautado de diversa documentación relacionada con la actividad delictiva ahora esclarecida.

Entre los detenidos/investigados se encuentra el propietario de un taller mecánico, los tres titulares de gestorías de San Pedro del Pinatar y Alicante y los antiguos propietarios de vehículos implicados en la operación.

La operación, que aún continúa abierta con la finalidad de determinar la existencia de más personas implicadas y si se han cometido más hechos delictivos, ha sido desarrollada por guardias civiles de los puestos principales de San Pedro del Pinatar (Murcia) y de Villajoyosa (Alicante).

Los detenidos/investigados, los efectos incautados y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes.

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