MURCIA/PALMA DE MALLORCA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Región de Murcia es una de las Comunidades Autónomas que necesitan destinar un mayor porcentaje de sus recursos totales para devolver las operaciones concertadas hasta 2016, según el informe de fiscalización del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas de los ejercicios 2015 y 2016 del Tribunal Cuentas.
En concreto, el informe señala que los recursos requeridos para atender las cuotas de amortización e intereses se sitúan ligeramente por debajo del 15 por ciento de la estimación de ingresos totales de la Región de Murcia en 2018 y superarán el 18 por ciento para los años siguientes.
La región que registra mayores porcentajes es la Comunidad Valenciana: supera el 20 por ciento en 2018 y más del 25 por ciento desde 2019 a 2022. A continuación, le siguen Cataluña con el 21 por ciento en 2019 y superiores al 18 por ciento para Baleares, Castilla La Mancha y la Región de Murcia.
El informe matiza que estos cálculos no tienen en cuenta la evolución real del PIB de las Comunidades Autónomas en 2017 y 2018 ni tampoco la formalización de otras operaciones de crédito desde su elaboración que conlleven unas mayores necesidades derivadas de su amortización.
El Tribunal de Cuentas también señala que este endeudamiento, más acusado en algunas Comunidades Autónomas, también es puesto de manifiesto por el Banco de España en informes en los que se analiza, entre otros, el nivel de endeudamiento sobre el PIB.
RECOMIENDA AL GOBIERNO APORTAR FONDOS CON ANTELACIÓN A LAS CCAA
En este informe, el Tribunal de Cuentas recomienda al Gobierno que adopte los acuerdos de distribución de recursos con suficiente antelación para el Fondo de Financiación a las Comunidades Autónomas con el fin de que las operaciones de préstamo puedan estar formalizadas con las comunidades autónomas con tiempo suficiente para que éstas atiendan sus vencimientos.
El Tribunal de Cuentas subraya además que en caso de que esos fondos no lleguen a tiempo para atender esos vencimientos, ese retraso de la comunidad debería ser retribuido con una compensación equivalente al coste que esa financiación tiene para el Estado.
En este sentido, el informe apunta que de estimarse oportuno, el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos debería evitar la penalización en caso de demora.
Además, el Tribunal recalca que el programa para la aplicación del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) debe ser objeto de revisión y actualización porque existen cláusulas cuya aplicación "no se acomoda a la práctica", y requiere consignar datos en la plataforma que no tienen valor para la gestión.
