MURCIA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, ha afirmado que "negar la lacra de la Violencia de Género no nos ayudará a resolverla".
Así se ha pronunciado en una entrevista concedida a Europa Press preguntado porque algunos partidos, como VOX, hayan conseguido colocar en el centro del debate público la lucha contra la violencia de género.
En clave política, ha constatado los tiempos "convulsos" que se viven, manifestando que "los jueces debemos permanecer al margen del acontecer partidista".
Pero ha aprovechado para dejar claro que los jueces "no vamos a olvidar cuál es nuestro papel constitucional". Asegura que el sistema democrático "es un sistema de contrapoderes en el que el Poder Judicial aplica las leyes emanadas del legislativo y controla la legalidad de los actos de la Administración y las decisiones del ejecutivo. Los jueces seguiremos comprometidos en la defensa de la Constitución y de las leyes y su aplicación rigurosa".
Sobre la situación que se vive en Cataluña, ha destacado que el Poder Judicial "está dando sobradas pruebas de que, a pesar de las dificultades, cumple su misión".
Ha aprovechado para reclamar más medios, jueces y juzgados, aunque ha dejado claro también, en términos económicos, que la Justicia "está mejor preparada para una crisis, si es que pudiera venir", aunque aún soportan la "resaca" de la anterior recesión económica.
Al mismo tiempo, ha anunciado que la previsión es que para primeros de 2020 estará concluido, listo para ser presentado, el estudio que elabora el Consejo Económico y Social (CES), que permitirá cuantificar, por primera vez, el impacto que ocasiona el atasco judicial a la economía regional.
Y es que, ha puntualizado, "estamos entre las comunidades autónomas cuyos juzgados más asuntos ingresan; también entre las que más asuntos resolvemos anualmente. Pero la pendencia, los retrasos no dejan de aumentar. Y ello tiene una primera y principal causa: estamos entre las regiones con menos jueces, con menos juzgados".
El propósito con ese estudio es "generar conciencia entre nuestros responsables políticos, empresarios, sindicatos y colectivos profesionales para reclamar todos juntos mayores medios para la Justicia regional", porque, sostiene, "el retardo de la Justicia es un problema de todos".
Espera que, con ello, permita reclamar al Ministerio de Justicia "una mayor dotación de medios para la Región, al menos para equipararla a la media nacional", ya que "un mal funcionamiento de la justicia traslada disfunciones a la vida económica del territorio donde ocurre".
Y ha aplaudido que los partidos políticos, de forma unánime, recogieran la propuesta que lanzó en su discurso de apertura del Año Judicial de la necesidad de un Pacto Regional por la Justicia, para la que se ha iniciado un proceso participativo abierto a la sociedad murciana.
Un asunto que se, según le han informado desde el Ejecutivo regional, se trasladará a la Asamblea Regional para que de ahí surja "ese acuerdo de todos los partidos sobre ese Pacto, cuya idea básica es manifestar el consenso de todos por señalar a la justicia como una prioridad regional y acordar una actuación conjunta ante el Ministerio de Justicia para reclamar lo que a la Región "en Justicia" le corresponde".
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
En otro orden de cosas, también ha hablado del fenómeno "agobiante" que llegó a ser la corrupción en los tribunales murcianos y que gracias al refuerzo realizado se han conseguido mejorar las cifras.
En concreto, en lo que va de 2019, de la treintena de las macrocausas de corrupción seguidas en la Región con repercusión mediática, se han juzgado 3, se han archivado 7 y en 11 se ha concluido la investigación (dos pendientes de que se formule acusación y 9 se encuentran ya en fase oral, para celebrar juicio).
Y, por lo que respecta a la fase de enjuiciamiento, en las secciones penales de la Audiencia Provincial, de los 2.100 asuntos en trámite que había a comienzos de 2015, se ha pasado a la mitad, un millar.
Pero el de los jueces "es también, conviene no olvidarlo, un compromiso con los principios, reglas y procedimientos que nos hemos dado para garantizar un juicio justo. Principios, reglas y procedimientos que son ajenos a las urgencias propias del ámbito político o de los medios de comunicación. La lenta gestación de la verdad judicial es casi siempre incompatible con el paradigma de lo instantáneo, que tantas veces aspira, y lo consigue, a convertirse en la única verdad".
"Desde hace varios años, los jueces hemos dado pruebas diarias de nuestro compromiso en la persecución de la corrupción y en el derribo de supuestos santuarios de impunidad", ha indicado, para después confesar que en el sistema judicial hay dos "fallas" en la actuación: la "insoportable" lentitud en la respuesta judicial y los reforma legal de 2015 que impuso plazos muy breves de instrucción en un sistema judicial "sobrecargado", que ha desembocado en una sensación de "frustración y desencanto", no solo de los ciudadanos, sino también de los propios jueces. "Estamos clamando por esos medios", ha dicho.
También ha hablado de la Ley del Menor y considera que no aprecia necesidad de reforma, "funciona bien", ya que, de cada 10 menores infractores en la Región, 7 no vuelven a reincidir y de los otros 3, sólo uno se convierte en multireincidente. "No hay pasividad ni laxitud en el tratamiento de los menores infractores", ha recalcado Pasqual del Riquelme.
En lo que respecta a los MENAS, considera que se trata de un problema de "protección social" y ha criticado que se haya utilizado "como arma política arrojadiza e instrumento de propaganda", porque detrás de esa palabra "hay menores no acompañados".
