MURCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, ha cargado contra los bancos, a los que ha acusado de lastrar, de forma injustifica, el sistema de Justicia "con una litigiosidad impostada y fácilmente evitable, que consume enormes recursos públicos".
Así lo ha manifestado Pasqual del Riquelme en la Apertura del Año Judicial 2018, celebrada en la Ciudad de la Justicia. Después de asegurar que uno de los objetivos en este curso será "incrementar el ritmo de resolución de asuntos en los dos juzgados especializados en cláusulas suelo", ha reflexionado sobre el "alto" porcentaje de demandas presentadas por clientes de la banca que están siendo estimadas por los tribunales, que alcanza el 98,6% de las presentadas.
A su juicio, "debería llevar a algunas de las entidades bancarias más frecuentemente demandadas a revisar su estrategia procesal de oposición sistemática a tales reclamaciones".
Y es que, entiende, "una persistencia en tal estrategia haría dudar de la responsabilidad social y la lealtad con el sistema de unas entidades bancarias que, después de haberse beneficiado de enormes ayudas públicas para superar su crisis, se resistieran a negociar extrajudicialmente con sus clientes en los casos y con los criterios ya fijados por los tribunales, con el resultado de seguir lastrando injustificadamente al sistema de Justicia".
El objetivo es superar los 4.000 asuntos resueltos al año, ya que a partir del segundo semestre de 2018 se logró aumentar de dos a cinco los jueces asignados a esa materia que, unido al esfuerzo para la unificación de criterios realizado por la Audiencia Provincial, "permitirá triplicar el ritmo de resolución, como ya ocurre este mes".
Otro de los retos, "quizá el más importante", ha reconocido, es "normalizar los tiempos de respuesta en los juzgados de familia especializados de la Región; una materia especialmente sensible para familias y sus hijos menores".
Es un objetivo, ha confesado, que "creemos poder alcanzar en este curso como consecuencia de la creación durante 2018 de los dos nuevos juzgados de esa clase".
Continuarán en la línea de refuerzo de aquellos juzgados de instrucción y de enjuiciamiento penales con causas "complejas", especialmente las ligadas al fenómeno de la corrupción. "Un esfuerzo que ha permitido, por un lado, la reducción en un 50% de la pendencia que existía hace tres años en las secciones penales de la Audiencia Provincial y, por otro, resolver definitivamente buena parte
de las causas complejas que se habían visto retrasadas", señala.
CARENCIAS Y NECESIDADES EN MURCIA
También ha advertido que "se han acabado las reservas de culpa" a los que trabajan en la Administración de Justicia de Murcia, ya que, ha lamentado, "un año más sigue siendo cierto que es la que tiene más trabajo, menos unidades judiciales, menos jueces y mayor productividad que en la mayor parte de España".
Sin embargo, ha aplaudido la creación un juzgado de primera instancia en el partido judicial de Murcia y dos juzgados especializados de familia, uno en Murcia, ya en funcionamiento, y otro en Cartagena, cuya efectiva constitución "está prevista para el 31 de diciembre de este mismo año"; además de la conversión de un juzgado de lo contencioso de la capital en un juzgado de lo Social.
No obstante, ha dejado claro que sus esfuerzos "no deben detenerse por lo ya conseguido", ya que ha reclamado la necesidad de 30 nuevas unidades judiciales para "ajustarnos a los estándares de carga de trabajo recomendados por el CGPJ".
En concreto, demanda seis nuevas unidades judiciales para el próximo año: dos juzgados civiles en Murcia, uno en Cartagena, otro mixto en Molina de Segura, un juzgado mercantil regional y magistrados adicionales para las Secciones penales de la Audiencia Provincial.
También cree necesario "un empuje para divulgar la mediación ya desde la infancia y a lo largo de todo el itinerario formativo de los jóvenes, así como en todos los ámbitos profesionales, comerciales y comunitarios".
Precisamente, todo ello en aras a que "las familias en crisis, empleados, consumidores, víctimas de los delitos, personas vulnerables o en régimen de exclusión social o económica deben encontrar en el sistema judicial el amparo que necesitan en tiempos razonables de respuesta".
Por otro lado, ha lamentado que los cambios impulsados a nivel nacional para el desarrollo del modelo de oficina judicial y la implantación del expediente judicial electrónico, "aun siendo objetivos irrenunciables y compartidos por todos, hayan sido un foco de conflictos y tensiones por errores de diseño y nula gestión del cambio por parte del anterior equipo ministerial".
Las oficinas judiciales "han sido destinatarias de instrucciones y órdenes contradictorias, emanadas unas de la judicatura y otras del Ministerio de Justicia".
Ante este escenario, recuerda que "la búsqueda de réditos políticos inmediatos, improvisando y forzando la capacidad de absorción de los cambios por las organizaciones, solo provoca reacción y tensiones entre quienes son destinatarios de atropelladas decisiones"; mientras que la segunda lección es que "las oficinas judiciales no deben perder nunca su carácter instrumental de la función jurisdiccional, ni su control y gobierno quedar sometido exclusivamente a los dictados, prioridades e intereses del Poder Ejecutivo".
Las oficinas judiciales deben "preservar su tradicional independencia funcional, cuya salvaguarda siempre correspondió a los antiguos secretarios judiciales, valedores de la independencia judicial y de su propia autonomía profesional y funcional".
La tercera lección es que los medios tecnológicos "no son un fin en sí mismos, y que no sirven si no sirven eficazmente a la función jurisdiccional".
ANIVERSARIO CONSTITUCIÓN 1978
Para concluir, ha recordado que la apertura del año judicial autonómico coincide este año con un cuadragésimo aniversario de la Constitución de 1978 y en estos 40 años, los miembros del Poder Judicial español "han cumplido con su misión de ser los guardianes de las promesas".
Entre otras, la promesa de que los jueces "asegurarían la aplicación de la fuerza razonada del Derecho para defender el orden constitucional, la unidad de España y los derechos históricos de nuestras nacionalidades y regiones", así como de corregir las desviaciones de poder y "perseguir los fenómenos de corrupción pública y privada que tanto han deteriorado nuestro modelo institucional y de convivencia".
"La promesa de proteger a los ciudadanos, en su condición de consumidores y usuarios, frente a unas prácticas financieras inequitativas y muchas veces depredadoras; y de proteger a los más débiles de nuestros conciudadanos frente al riesgo de exclusión social", ha señalado.
En este punto, ha lamentado la "grave" coyuntura por la que atraviesa la nación, pero ha recordado que los parlamentarios de 1812, como los de 1978, "se empeñaron en construir una patria de ciudadanos, ofreciendo al pueblo español los mimbres de un proyecto común de convivencia e invitándonos a todos a ser patriotas de la Constitución y de la ciudadanía".
