MURCIA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -
La diputada regional socialista Lola Hernández considera "inadmisible" que sólo 31 de cada cien personas de la Comunidad Autónoma con dictamen de grado y nivel estén recibiendo prestaciones o servicios a los que tienen derecho por la Ley de Dependencia.
Lola Hernández recordó que la Administración General del Estado ha ingresado en las Arcas de la Comunidad desde 2006 hasta el día de la fecha 65,5 millones de euros aproximadamente, y que habría ingresado más "si no tuviera el 70 por ciento de las solicitudes con derecho a prestaciones sin resolver, sin especificar qué tipo de prestación les corresponden".
La diputada socialista afirmó que "la aplicación de la Ley de Dependencia en la Región de Murcia tiene una nota característica: después de dos años y medio, es la Comunidad Autónoma que peor gestiona la aplicación de la Ley, y esta mala gestión es conocida en toda España".
La Asociación de Gerentes y Directores de Centros de Servicios Sociales, a través del Observatorio para la Dependencia, ha puesto de manifiesto esta mala gestión en varios informes. El presidente de la Asociación señala claramente que "Murcia es la que peor gestiona la Ley, por encima de Madrid, Valencia y Canarias".
En el análisis, que se realiza con criterios objetivos, Castilla-León, que es una Comunidad gobernada por el PP, aparece entre las mejores valoradas junto con Andalucía y País Vasco.
NORMATIVA SIN DESARROLLAR
"La Asociación también constata que Murcia es la única Comunidad que aún no ha desarrollado su propia normativa", añadió Hernández, y explicó que, en cuanto a la tramitación de los expedientes, "las cifras cantan la incapacidad del Gobierno regional para gestionar el sistema".
Como ejemplo, Hernández apuntó que "antes recibían el Mínimo Garantizado cada mes con la valoración de grado, sin resolución de las prestaciones, dinero que no ha llegado a los beneficiarios del sistema".
Hernández subrayó que el sistema se gestiona entre las tres administraciones, "es decir, que la Administración Central paga una parte y el resto debe ponerlo el Gobierno Regional, porque la Administración Local bastante tiene con atender todas las solicitudes de los ciudadanos".
"Aquellas comunidades autónomas que han destinado fondos a las Entidades Locales para desarrollar el Sistema y que han establecido mecanismos de coordinación con las mismas, tienen mayores resultados y mejor gestión", añadió en comunicado.
En este sentido recordó que parte del dinero del Estado que viene a esta Comunidad sirve para la construcción de infraestructuras, y que la mayoría de los Centros de Día y ampliaciones de plazas de residencias están financiadas por el Estado al 50 por ciento, a veces, puntualizó, "más de esa cifra".
"Sólo en 2008, el Estado destinó a Murcia 21,8 millones de euros", informó Lola Hernández, al tiempo que denunció que "a pesar de que Valcárcel dijo en 2008 que la Comunidad alcanzaría la cifra de 14 millones de euros, seguimos a estas alturas sin saber cuánto ha destinado el Gobierno Regional a la Dependencia".
Según el Convenio publicado por la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, el pasado 28 de febrero de 2008, entre el Gobierno Murciano y el central, el concierto de nuevas plazas en diferentes residencias de titularidad privada de la Región fue al 50 por ciento en Ceutí, San Javier, Lorca, Cartagena, Abanilla, Archena, Cehegín, Cieza, Los Alcázares, Molina de Segura, Santo Ángel, San Pedro del Pinatar, Totana, Villanueva del Segura, Puerto de Mazarrón, Roldán, por un total de 6.336.160 euros.
También contemplaba el convenio la inversión en nueva plazas de titularidad pública como es la residencia psico-geriátrica El Palmar, Nueva Residencia en El Palmar y Nuevo Centro Ocupacional en Churra, con una financiación de 2.663.736 euros, pagado también al 50 por ciento.
Un dato que a Hernández le parece llamativo es que, en las estadísticas del IMSERSO -con los datos que le proporciona la CARM- "aparezcan sólo cuatro personas que reciben el servicio de teleasistencia, servicio que en el mencionado convenio está financiado con 228.066 euros entre las dos administraciones", concluyó.
