MURCIA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -
El rector de la Universidad de Murcia (UMU), José Luján, ha dejado claro este viernes que las universidades públicas "son administración y como tal sus actuaciones y decisiones están sometidas a regulación jurídica estricta".
Luján, que ha pronunciado estas palabras en su discurso con motivo del acto de investidura como Doctor Honoris Causa de Walter Schachermayer, ha querido poner de manifiesto con ello las irregularidades en un máster de la Universidad Rey Juan Carlos, que conllevó la dimisión de la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, argumentando que "si hoy se ha premiado el rigor y la corrección en el trabajo realizado por este especialista, también me gustaría que se reconociera el rigor y la corrección en el trabajo realizado por las universidades públicas españolas".
"Tanto cuando imparten su docencia, con la mayor calidad posible o cuando desarrollan su investigación, con un sacrificio personal incuestionable, como cuando expiden sus títulos, con una legalidad escrupulosa y plena inatacabilidad jurídica", ha enfatizado Luján.
Luján, que ha protagonizado su primer acto solemne tras asumir el Rectorado, ha dedicado parte de su discurso a reflexionar sobre un aspecto concreto de la Universidad de Murcia en su dimensión de universidad pública, debido "al cuestionamiento de la probidad de las universidades españolas al que se ha asistido en los últimos meses".
Así, ha explicado, "frente a las dudas que la situación haya podido sembrar hay que alzar la voz para afirmar que no hay una mayor protección al alumno, ni un mayor control de la actividad docente e investigadora, que en el seno de una universidad pública".
Por ello, ha recordado que "si todos los ciudadanos estamos obligados a ajustar nuestros comportamientos a la ley y ésta debe ser pauta ordinaria de comportamiento, en el caso de las universidades públicas las exigencias y requerimientos de legalidad son aún mayores y su reglamentación es más rigurosa, al tratarse de instituciones que forman parte de la Administración pública y por contar entre sus profesionales con muchos que ostentan la condición de funcionarios públicos".
A su juicio, "las universidades públicas son administración y como tal sus actuaciones y decisiones están sometidas a regulación jurídica estricta, ya sea por medio de normas adjetivas o procedimentales, como por medio de normas sustantivas o de decisión, y todo ello en beneficio de la transparencia, la objetividad y la imparcialidad de su praxis".
Luján ha lamentado, en este sentido, que cuando se daba por sentado que toda la actividad se desarrollaba conforme a la ley y al Derecho, y se prestaba más atención a otras cuestiones más evolucionadas en el proceso de consolidación de las universidades públicas, "de repente nos vemos obligados a volver a la casilla de salida y a tener que revisar los cimientos y bases de nuestro quehacer cotidiano para asegurarnos que éste es riguroso y ajustado a norma".
"Aunque corran malos tiempos para hablar de obediencia a la ley, de nuevo tenemos que recordar que los planes de estudios deben cumplirse escrupulosamente, las asignaturas a cursar deben de ser las debidas e impartidas cuando son debidas, las prácticas son prácticas y las clases de teoría, teóricas, unas y otras deben impartirse en el número y horario establecido, las convocatorias son las que son y que los exámenes deben celebrarse en el día establecido y versar sobre la materia asignada", advierte.
De los trámites administrativos relacionados con la actividad, como matrículas, calificaciones, actas, convalidaciones, ha dejado claro que también éstos" deben realizarse en el momento oportuno, por medio de los procedimientos articulados para ello, con plena objetividad, constancia expresa y diáfana transparencia", porque, ha continuado, "así son las cosas en la universidad pública de Murcia".
