MURCIA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -
La consejería de Sanidad elabora el Anteproyecto de Ley de Derechos y Deberes de los Usuarios del Sistema Sanitario de la Región de Murcia. A través de esta norma, que fue tratada en el primer Consejo de Salud celebrado este año, se pretende concretar y regular los citados derechos y deberes, cuyo ámbito de aplicación se extenderá, con carácter general, a todos los centros sanitarios públicos y privados de la Región.
El secretario autonómico de Atención al Ciudadano, Ordenación Sanitaria y Drogodependencias, Pablo Fernández, afirmó que "el anteproyecto, en el que se recogerán los reglamentos aprobados en la Región de Murcia durante los últimos años, surge con la finalidad de poner en marcha los mecanismos de protección y garantía de sus beneficiarios, salvaguardando e involucrando a los profesionales y los usuarios en el quehacer diario de la Sanidad".
Ramírez destacó, entre las principales novedades de la futura Ley de Derechos y Deberes de los Usuarios, "la inclusión de un apartado relativo a la humanización de la asistencia sanitaria".
"Para ello se impulsan acciones y medidas para proporcionar una atención personalizada, tanto a los colectivos de especial protección como a los extranjeros que, sin tener derecho a dicha asistencia, podrán acceder a los servicios a través de la denominada tarjeta solidaria" señaló.
Entre los colectivos de especial protección, la futura ley incluye a mayores, discapacitados, personas con enfermedades mentales, en especial cuando se encuentren en situación de dependencia, menores de edad, enfermos crónicos, enfermedades raras, terminales, víctimas de maltrato, drogodependientes, y en general grupos de riesgo o exclusión social.
Así, Ramírez indicó que "con la nueva norma "se pretende impulsar la participación de las asociaciones de enfermos y de voluntariado en el sistema sanitario".
La consejería Sanidad, a través de este documento, pretende garantizar los derechos relacionados con la promoción de la salud y la asistencia sanitaria, la intimidad, la confidencialidad, la información y participación sanitaria, la autonomía de la decisión y derechos en materia de documentación sanitaria.
El anteproyecto determina las obligaciones de los usuarios respecto de su salud individual y colectiva, así como aquellos otros deberes exigibles en el acceso y uso de los servicios sanitarios como la presentación de la tarjeta sanitaria individual, la aceptación del informe de alta previo a la marcha del paciente del centro sanitario y avisar al sistema sanitario de la imposibilidad de acudir a una cita o servicio sanitario previamente programado.
La ley también busca promover la difusión de los derechos y de los cauces para su garantía y salvaguarda, reforzar el compromiso de la Administración Sanitaria por garantizar la efectividad de esos derechos y velar por el cumplimiento de los deberes que tienen los ciudadanos como usuarios de la sanidad.
El anteproyecto será sometido al informe y consulta de todas las consejerías y de los agentes sociales, así como de los consejos regionales de Ética Asistencial, Salud, Consumo, Económico y Social, Cooperación Local y Jurídico, según fuentes de la secretaría general de la Presidencia y Relaciones Externas.
