Teodoro García asegura que la nueva Ley de Telecomunicaciones "va a beneficiar a más del 90% de empresas de la Región"

El diputado nacional del PP por Murcia en el Congreso Teodoro García
EUROPA PRESS
Actualizado: viernes, 14 febrero 2014 13:45

El diputado nacional indica que "se establecen objetivos concretos y ambiciosos respecto a la universalización de la banda ancha"

MURCIA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del PP por Murcia en el Congreso Teodoro García ha afirmado este viernes que la nueva Ley General de Telecomunicaciones "va a servir de 'palanca' para el desarrollo no sólo de este sector, sino también de toda la economía española" y que tendrá una gran incidencia en la Región de Murcia, pues "el 91,5 por ciento de nuestras empresas cuenta con conexión a Internet, el 97,5 por ciento en el caso del sector servicios".

García, que ejerce como ponente de esta ley, ha subrayado su importancia para nuestro país, ya que "España se encuentra en un momento de renovación tecnológica y los ciudadanos demandamos un acceso a Internet fijo y móvil, a velocidades ultrarrápidas que permita incrementar la productividad, por lo que esta ley adapta la normativa relacionada al siglo XXI, permitiendo que los ciudadanos y empresas utilicen la mejor tecnología disponible en el campo de las telecomunicaciones".

En este sentido, ha indicado que "esta ley garantiza acceso a 10Mb/s en 2017 y 30 Mb/s en 2020". Asimismo, el diputado 'popular' ha recordado que "después de 15 años de la liberalización del sector, España tiene todavía un amplio recorrido a la hora de trasladar a los consumidores y empresas un mejor servicio y unos mejores precios".

Por otra parte, Teodoro García ha puesto de relieve algunas de las condiciones ventajosas que la Ley General de Telecomunicaciones comporta para todos los ciudadanos, como "una mayor seguridad jurídica que fomente la inversión y elimine las barreras que dificultan el despliegue de redes de nueva generación.

También el avance en la recuperación de la unidad de mercado, a través de nuevos mecanismos de coordinación entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, así como requisitos técnicos comunes para facilitar el despliegue de redes de telecomunicaciones".

En este sentido, ha anunciado en rueda de prensa que "gracias a esta ley, los ayuntamientos de la Región podrán instalar redes para dar servicio de Internet en determinadas zonas".

UNIVERSALIZACIÓN DE LA BANDA ANCHA

Asimismo, García ha destacado una enmienda referida a la universalización de la banda ancha ultrarrápida, para la cual el Gobierno central establecerá una Estrategia Nacional de Redes Ultrarrápidas, "cuyo objetivo será impulsar el despliegue de redes de acceso ultrarrápido a la banda ancha de cara a lograr su universalización, y fomentar su adopción por parte de ciudadanos, empresas y administraciones, para garantizar la cohesión social y territorial".

En esta Estrategia se podrán incluir medidas como convocatorias públicas de ayudas para la extensión de la cobertura de la banda ancha ultrarrápida que, bajo el principio de neutralidad tecnológica, doten de cobertura a zonas en las que no existe oferta y en las que no esté prevista en el corto plazo, con el objetivo de permitir acortar plazos de conexión y abaratar costes en núcleos rurales de difícil orografía y baja densidad de población.

DERECHO CIUDADANO A NO RECIBIR LLAMADAS NO DESEADAS

El diputado nacional también ha defendido la importancia que para los usuarios de teléfonos móviles tendrá la Ley General de Telecomunicaciones, pues "ante un momento de renovación del sector se refuerza el derecho a los ciudadanos de no recibir llamadas no deseadas y también el régimen sancionador".

Según ha explicado, "se refuerzan los derechos de los usuarios relativos a la portabilidad, incluyendo una compensación automática, el derecho de desconexión, una compensación en caso de interrupción y una mejora en los servicios de atención al cliente".

"Además, se aumenta la potestad inspectora y sancionadora para impedir que se cometan infracciones en el ámbito de las telecomunicaciones", ha recalcado, añadiendo que "se elevan por un lado, las cuantías de las sanciones hasta los 20 millones de euros para infracciones muy graves, mientras que por el otro se establecen nuevas infracciones administrativas, por ejemplo para una mejor protección del espectro radioeléctrico".

Asimismo, García ha indicado que entre las novedades más significativas del nuevo marco normativo en materia de derechos de los usuarios "se incrementa la transparencia e información; se reduce a tan sólo un día laborable el plazo para el cambio de operador con conservación del número telefónico (portabilidad); se amplían las facultades de la Administración para imponer a los operadores condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad; y se avanza en la protección de los datos personales y la privacidad".

"Además, de estas medidas para el fomento de la protección del consumidor en el sector de la telefonía móvil y los servicios de banda ancha se podrán beneficiar más de 800.000 murcianos", ha manifestado.

Para Teodoro García, "se trata de todo un elenco de derechos presentes en el marco regulador europeo en materia de comunicaciones electrónicas que hay que hacer efectivos lo antes posible y que, a diferencia del Gobierno anterior, que perdió el tren en este sentido, desde el Partido Popular consideramos de máxima importancia".

Esta ley, ha resumido, "refuerza aún más los derechos de los usuarios y consumidores, ofrece una mayor cobertura, protección, información y transparencia, a la altura de las normativas europeas más desarrolladas". Un gran esfuerzo que, según el 'popular', "nos pone en una posición perfecta para que a partir de ahora aprovechemos esos síntomas de recuperación para que lleguen al bolsillo y vida cotidiana de la gente".

Finalmente, preguntado por las fotovoltaicas, ha manifestado que durante las últimas semanas están evaluando caso por caso y hablando con los interesados para poder conocer que impacto está teniendo la normativa que se está aprobando en el sector.

"Seguimos en esa línea, evaluar caso por caso y garantizar una rentabilidad razonable que permita que aquellos que invirtieron puedan seguir amortizando sus plantas y obteniendo una rentabilidad razonable y cumpliendo con ese doble objetivo de que los consumidores no tengan que sufrir nuevas subidas de la luz", ha concluido.