MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -
Un total de 178 personas en varias provincias han sido imputadas por la gestión ilegal de más de 200.000 electrodomésticos desechados durante los últimos años, en el marco de las operaciones 'Fragmentados' y 'Melos', dirigidas por la Fiscalía de Medio Ambiente.
Los imputados se apropiaban de los aparatos desechados con técnicas rudimentarias que impedían después recuperar los gases CFCs y HCFCs --altamente perjudiciales para la capa de ozono-- y tras repararlos los ponían a la venta.
La operación Fragmentados se inició el pasado mes de mayo y ha finalizado con la imputación de 119 personas por su presunta implicación, en distintos grados de participación, en la gestión ilegal de miles de frigoríficos y lavadoras.
En lugar de proceder a su traslado a un gestor autorizado, de acuerdo a las normas medioambientales vigentes, se apropiaban de ellos y los vendían en tiendas de segunda mano. Algunas de estos locales llevaban abiertos al menos treinta años, tiempo durante el cual han podido estar llevando a cabo estas actividades ilegales.
Según ha informado la Fiscalía de Medio Ambiente, a lo largo de estos meses de investigación se hicieron distintas acciones de seguimiento de las actividades ilegales que se estaban realizando y terminaron con inspecciones e imputaciones de varias personas en las provincias de Alicante, Barcelona, Murcia y Valencia.
De manera paralela, la Comandancia de Málaga realizaba la operación 'Melo' que ha acarreado la imputación de otras 59 personas en esta provincia, en la que también se habían efectuado diversas inspecciones.
La Fiscalía ha apuntado que gracias a esta operación se ha constatado también el mal uso en la gestión de los electrodomésticos, con las graves consecuencias que para el mantenimiento de la capa de ozono supone este hecho. A los implicados se les imputa la comisión de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, apropiación indebida y receptación.
FRIGORÍFICOS DE SEGUNDA MANO
Una vez conocidas las posibles irregularidades a través de varias denuncias, la Fiscalía de Medio Ambiente lo comunicó al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil para que realizase las gestiones oportunas y se comprobó que en muchos casos los frigoríficos usados eran retirados por transportistas que, en lugar de trasladarlos hasta las plantas pertinentes, los vendían en tiendas de segunda mano y chatarrerías, o los depositaban en instalaciones no autorizadas.
La actividad fundamental se centraba en las provincias de la costa oriental española, apreciándose además una importante actividad relacionada con la compra-venta de estos electrodomésticos, algunos de ellos derivados al mercado de segunda mano e, incluso, realizando exportación de los mismos a terceros países.
Los frigoríficos eran llevados a intermediarios que evaluaban las posibilidades de negocio de los aparatos, recomponiendo algunos para su venta como usado; extrayendo de otros los componentes por partes para su comercio; y vendiendo los restantes a chatarrerías e industrias diversas.
La Fiscalía señala que el volumen más importante de actividad se realizó entre las ciudades de Barcelona y Santa Coloma de Gramanet, donde se ha inspeccionado 21 centros de venta y se han incautado de un total de 1.739 frigoríficos.
En la etapa final la Fiscalía y la Guardia Civil contaron con la colaboración de la Guardia Urbana de Barcelona, que realizó un importante despliegue en el barrio de El Raval, donde se ubicaban la mayoría de los establecimientos y cuya configuración de calles estrechas dificultaba el movimiento de retirada del material intervenido.
Mientras, en Santa Coloma de Gramanet controlaron los movimientos del almacenista de mayor importancia en toda la operación, al que se le incautaron casi la mitad de todos los frigoríficos intervenidos, siendo fundamental el apoyo recibido de la Guardia Urbana de esta ciudad, que aportó lo necesario para garantizar la seguridad de los operativos y la movilidad vial de la zona afectada.
La Fiscalía añade que en las operaciones han colaborado activamente el Ministerio de Medio Ambiente, Agricultura y Alimentación, la Inspección de Trabajo de Barcelona y la Fundación ECOTIC.
