24 de octubre de 2020
21 de enero de 2020

El Tribunal de Cuentas lamenta que la actuación en el Mar Menor hasta 2017 no abordó de forma "integral" su protección

El Tribunal de Cuentas lamenta que la actuación en el Mar Menor hasta 2017 no abordó de forma "integral" su protección
Imagen del Mar Menor, Los Alcázares, meds y medio después de la DANA - EUROPA PRESS - ARCHIVO

Advierte que la desaladora de Escombreras sigue con "pérdidas" y destaca la "incertidumbre" respecto a la resolución de la concesión del aeropuerto de Corvera

MURCIA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Cuentas ha destacado que las actuaciones contempladas en la regulación sobre medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor se dirigieron hasta 2017 "casi exclusivamente" a rebajar la presión de la actividad agrícola "sin abordar de forma integral la protección y gobernanza de este espacio protegido".

Todo ello, "limitó" su eficacia en ese año e hizo perder "el carácter de urgentes con el que se aprobaron", según aparece recogido en el informe anual de la Comunidad de Murcia correspondiente al ejercicio 2017 aprobado por el Tribunal de Cuentas.

Algunas de las medidas aprobadas, según el Tribunal, "han presentado incoherencias y problemas de aplicación ya que, en algunos casos, se sobrepasaba la normativa nacional y comunitaria o no resultaban aplicables mientras no hubiera una resolución firme de la Confederación Hidrográfica del Segura de los expedientes en trámite de regularización".

En cuanto a las medidas y soluciones aplicables, destacar la "necesaria implicación y colaboración de todas las administraciones intervinientes (estatal, autonómica y local), ya que la adopción de las principales medidas corresponde a la Confederación Hidrográfica del Segura, a la Demarcación de Costas del Estado y a los Ayuntamientos ribereños".

En este sentido, lamenta que todavía existían instrumentos fundamentales como el plan de usos y el plan de actuaciones, el proyecto de determinación de agua subterránea que llega al Mar Menor, o el proyecto de análisis de soluciones para el vertido cero al Mar Menor, cuya redacción y aprobación "estaban pendientes de finalizar por el Ministerio para la Transición Ecológica".

DESALADORA Y AEROPUERTO

Por otro lado, este informe recogido por Europa Press, la fiscalización señala que la sociedad Desaladora de Escombreras, S.A. ha continuado presentando pérdidas que se situaron en 21 millones de euros, lo que determinó que la sociedad se encuentre nuevamente incursa en la causa de disolución prevista en la Ley de Sociedades de Capital.

"En tanto no cambien las condiciones del actual modelo de gestión de la sociedad, no se prevén variaciones importantes, al ser sus obligaciones de pago y compromisos asumidos muy superiores a su cifra de negocio", según el Tribunal de Cuentas. No obstante, remarca que en 2017 continuó aumentando el volumen de agua desalada, lo que supone un incremento de los ingresos, que, en cualquier caso, todavía se encuentra por debajo del pleno rendimiento de la planta.

Respecto a la situación del aeropuerto de Corvera, el Tribunal de Cuentas destaca que la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de mayo de 2018 dictaminó que la resolución de la concesión para la construcción y explotación del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia fue consecuencia de un incumplimiento de la concesionaria.

No obstante, insiste en que "se sigue manteniendo la incertidumbre sobre el resultado final de la liquidación del contrato y las posibles contingencias derivadas de la eventual reclamación del lucro cesante y daño emergente por parte de la sociedad concesionaria, así como la forma en que se instrumentará por parte de la Administración Autonómica el pago de las expropiaciones pendientes de pago que corresponden pagar a dicha sociedad".

OTRAS CONCLUSIONES DEL INFORME

Cabe destacar que este informe aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas, recoge los resultados del control económico-presupuestario de la actividad desarrollada por la Administración General de la Comunidad y las entidades que integraban su sector público durante 2017.

En relación con el análisis de los sistemas y procedimientos de control interno, el Tribunal de Cuentas ha detectado que las consejerías y organismos "no disponían de sistemas de seguimiento de los objetivos aplicables a los programas presupuestarios", así como de mecanismos de diagnóstico e identificación de las áreas de mejora de la gestión.

Asimismo, el informe señala que no ha sido contemplado el desarrollo e implantación de un sistema de contabilidad analítica que facilite la presupuestación por objetivos. "Todo ello dificulta la toma de decisiones en relación con la planificación de ejercicios futuros, así como con la adopción de medidas correctoras en el transcurso del propio ejercicio", según el Tribunal.

Respecto a la gestión patrimonial tanto en el sector administrativo, como empresarial y fundacional de la Comunidad, la fiscalización ha puesto de manifiesto una serie de "deficiencias y debilidades", entre ellas, la ausencia de inventarios completos de bienes y derechos o la inexistencia de políticas escritas para las adquisiciones, ventas, traspasos, bajas y actualizaciones de los bienes muebles, entre otras.

En relación con el objetivo de estabilidad presupuestaria del -0,6% de su PIB regional fijado para 2017, el informe señala que no fue cumplido al haberse registrado en el mismo un déficit del -1,46*% del PIB regional. También incumplió la regla de gasto en dicho año al haber sido la variación del gasto computable (3,6%) superior a la tasa de referencia de crecimiento del PIB para 2017, fijada en el 2,1%.

Como consecuencia de estos incumplimientos, la Comunidad presentó un plan económico financiero (PEF 2018-2019), que una vez informado por la AIReF, fue declarado idóneo por el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

La Comunidad ha cumplido el objetivo de deuda fijado para 2017, al haberse registrado un volumen de deuda pública de 8.795 millones de euros, equivalente al 28,9% del PIB regional. Por otra parte, el periodo medio de pago de las deudas por operaciones comerciales superó el plazo máximo de 30 días establecido en la normativa de morosidad en todos los meses del 2017, salvo en noviembre y diciembre debido a una aportación adicional del Fondo de Liquidez Autonómico para atender facturas pendientes.

DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN SANITARIA

En cuanto a la gestión sanitaria, la fiscalización observa (como en ejercicios anteriores) una "enorme rigidez" del gasto corriente, que afecta a la sostenibilidad financiera en la prestación de los servicios.

Por otra parte, los tiempos medios de espera en el Servicio Murciano de Salud de las listas de espera de consultas y procesos quirúrgicos se han reducido en 2017 un 14% y 5%, respectivamente, frente a los descensos del 9% y 8% registrados de media en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, si bien "han tenido un comportamiento heterogéneo en función del tipo de especialidad y proceso".

En materia de planificación y ejecución de las inversiones educativas, no se han realizado estudios globales sobre las necesidades de inversión en los centros educativos, ni se ha dispuesto de un plan director de infraestructuras.

En la revisión del Plan de Residuos de la C.A. de la Región de Murcia 2016-2020 se ha constatado una serie de "deficiencias" que dificultan el cumplimiento de los objetivos marcados en la normativa reguladora de los residuos, con el consiguiente riesgo de imposición de multas y sanciones, así como de la eventual pérdida de financiación de fondos europeos.

La información que ofrecía la AGC en su portal de transparencia en septiembre de 2019 cubría el contenido mínimo exigido por la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, excepto determinados aspectos relativos a los recursos humanos, a la contratación pública y a las modificaciones de crédito.