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    El TSJ desestima el recurso de súplica de Peñalver y cierra querella contra fiscal y juez de Umbra

    MURCIA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

    El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia ha zanjado el tema de la querella que Joaquín Peñalver, uno de los principales imputados en el 'caso Umbra', que investiga una presunta corrupción urbanística en el municipio de Murcia, interpuso contra el juez David Castillejos y el fiscal Anticorrupción Juan Pablo Lozano.

    Y es que la Sala Civil y Penal del TSJ ha desestimado íntegramente el recurso de súplica contra el auto de 24 de enero, por el que se inadmitía su admisión. Una resolución firme, contra la que no cabe recurso alguno, según el escrito del órgano judicial al que ha tenido acceso Europa Press.

    En el auto, el presidente del tribunal Juan Martínez Moya y los magistrados Julián Pérez-Templado y Manuel Abadía recuerdan que la Sala incoó diligencias y dictó auto en enero en el que decidió inadmitir a trámite la querella presentada en noviembre por el letrado de Joaquín Peñalver "por no considerar los hechos constitutivos de delito alguno", acordándose el archivo de las actuaciones.

    Ante lo que José Muñoz Clares, en representación de Peñalver, presentó un recurso de súplica solicitando la revocación del auto dictado y que se procediera a la admisión de la querella en la que se criticaba la "nula instrucción" a cargo del fiscal Anticorrupción y el juez instructor del caso, y a la incoación de las correspondientes diligencias previas, que el fiscal jefe de Alicante, a su vez, desestimó.

    Finalmente, la Sala rechaza todos los puntos de la denuncia indicando que "la reproducción acrítica de lo previamente alegado por el fiscal designado es falsa", recordando que el abogado "no es solo un hombre de la calle ni tampoco un novelista que narra unos hechos para que el lector saque sus consecuencias".

    Tras lo que recuerda que "no se puede poner en marcha el mecanismo de un proceso penal, que ocasiona un gravamen para el querellado con afirmaciones vacuas y carentes de solidez".

    Sobre el secreto de sumario, apunta que "por supuesto supone una limitación de derechos" pero critica "tanta parsimonia" en la presentación de la querella", es verdad, añade, que "hace muchos años el Tribunal Constitucional convalidó la práctica habitual de considerar que el plazo de un mes consentía prórrogas, pero es no llevar a situaciones que, de facto, comporten retroceder a épocas pretéritas legislativamente superadas".

    La prolongación excesiva del secreto "más allá de su necesidad o la inobservancia, como sucede en este caso, puede vulnerar el derecho de la defensa y aquí ambas resoluciones -levantamiento del secreto y auto de conclusión de las diligencias- llevan la misma fecha, lo que no se ajusta a la legalidad" pero "no puede derivarse de ahí sin más un efecto anulatorio".

    En esta dirección, indica la Sala, "nada razona el recurrente porque no cabe imaginar ninguna línea de defensa apta" pues "ni al hacer tal alegación en la instancia, ni al formalizar el recurso, ni al contestar a la impugnación del Fiscal, el recurrente apunta ninguna prueba o diligencia que hubiese planteado en la instrucción y que no propuso por esa declaración de secreto".

    En materia de plazos, la Sala considera curioso que el recurso de súplica no se refiera a la razón más importante por la que excusábamos al juez de cualquier infracción, esto es que según la Ley 13/09 que regula la Nueva Ofician Judicial, los actos de trámite corresponden a dicha oficina", como es el caso de acordar actos, practicar pruebas y decidir el 'cause procesal'.

    Por lo que, apunta, "si dado el enorme trabajo que pesa en cualquier oficina judicial hubiera que estar su responsable pendiente de estos pormenores ahí se acabarían las fuerzas" imagínese, señala, "que tal deber se impusiera a un ministro, alcalde o a cualquier otro responsable de un poder público".

    La Sala concluye, de tal forma, que no acaba de entender que "el correlato a una citación mejor o peor hecha sea caer sobre la cabeza del juez una conducta penal" e indica que esta resolución es firme "y contra la misma no cabe recurso alguno".