11-M (Ampl.)- Garzón imputa falsificación a los tres peritos que hicieron el informe en el que se mencionaba a ETA

Actualizado: viernes, 29 septiembre 2006 20:51

Les cita a declarar como imputados en la Audiencia Nacional el día 18 de octubre

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón imputó hoy un delito de falsedad en documento oficial a los tres peritos que elaboraron el informe supuestamente original sobre el hallazgo de ácido bórico en el domicilio de uno de los procesados por los atentados del 11-M, hecho que se vinculaba con el descubrimiento de esta misma sustancia en un piso franco de ETA en 2001.

En un auto dictado hoy, el juez afirma que los tres imputados elaboraron el pasado 11 de julio de 2006 un informe falsificado, puesto que lo hicieron pasar por otro documento que habían realizado el 21 de marzo de 2005 y que su superior había rechazado porque incluía "opiniones subjetivas y faltas de consistencia". Los peritos entregaron el texto del 11 de julio al jefe de Análisis de la Policía Científica, José Andradas, "sin advertirle de la citada alteración que simulaba la fecha de firma y creación de documento".

Los imputados son los peritos de la Policía Científica Manuel Escribano Escribano, Isabel López Cidad y Pedro Manrique Manrique, a quienes el magistrado ha citado a declarar el día 18 de octubre en el Juzgado Central de Instrucción número 5.

El juez entiende que, tras la toma de declaración de estos tres peritos y otros responsables de la Policía Científica, ha quedado "indiciariamente acreditada la intención" de los tres peritos "de producir un efecto oficial de un documento que nunca lo fue, que jamás fue autentificado con los sellos oficiales de la Comisaría General de Policía Científica", y que fue elaborado "en un momento posterior (un año y casi cuatro meses después)" de lo que constaba en el texto.

BORRADOR CON OPINIONES SUBJETIVAS

El magistrado afirma en su resolución que los tres peritos elaboraron un borrador con "carácter de documento interno no oficial" el 21 de marzo de 2005, que fue rechazado por su superior, el jefe de la Unidad de Análisis de la Policía Científica, Francisco Ramírez, porque contenía "opiniones subjetivas y faltas de consistencia".

Ramírez pidió a Escribano que reelaborase el informe eliminando estas observaciones, al "extralimitarse de lo que se les había solicitado". Como los peritos se negaron a hacerlo, el propio Ramírez se reasignó el caso a sí mismo, "lo cual estaba dentro de sus competencias como Jefe de Sección", y remitió su informe el 22 de marzo de 2005 a la Comisaría General de Información.

El pasado 11 de julio los peritos imputados elaboraron y firmaron otro documento fechado el 21 de marzo de 2005, que entregaron a Andradas, sin que "en ningún momento aludieran los ahora imputados a que no era el documento entregado por ellos el 21 de marzo de 2005, sino otro preparado al efecto en el mes de julio de 2006".

DECLARACIONES EN LA AUDIENCIA

El juez Garzón tomó hoy declaración como testigos al propio Ramírez y al secretario general de la Comisaría General de Información, quien había solicitado el informe sobre los atentados. El magistrado interrogó ayer hasta la madrugada, también en calidad de testigos, a los tres peritos ahora imputados y al Comisario General de Policía Científica, Miguel Angel Santano.

El magistrado investiga estos hechos después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional le remitiera la denuncia interpuesta el pasado viernes por la plataforma España y Libertad por delitos de falsedad contra Ramírez, Andradas, Santano y contra el ex comisario general de información Telesforo Rubio. Esta diligencia pertenece a la causa que instruye este magistrado sobre los atentados cometidos en Casablanca (Marruecos) en mayo de 2003, en la que también se investiga a El Haski.

Por su parte, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional remitió el miércoles la instrucción sobre estos hechos que constaban en el juzgado de Juan del Olmo, el encargado de instruir la causa por los atentados del 11-M, a los Juzgados de Instrucción de Madrid, ubicados en Plaza de Castilla. El tribunal consideró que la Audiencia Nacional no es competente para investigar este tipo de delito por no encontrarse entre los tipos criminales que tiene encomendados.