MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -
El juicio del 11-M abrirá la sesión de mañana con las declaraciones de los peritos, comenzando con la de uno de los agentes que mencionaba el ex Director General de la Policía Agustín Díaz de Mera en su carta al presidente del tribunal en la que incluía concreciones relativas al supuesto informe que relacionaba a la banda terrorista ETA con los atentados del 11 de marzo de 2004.
José Cabanillas, al que se le ordenó, según la misiva de Díaz de Mera, modificar el mencionado informe había sido citado como perito antes del testimonio prestado por el eurodiputado popular.
La declaración del agente estaba ya prevista con objeto de que presentara al tribunal los datos de un informe incorporado a la causa y mencionado en el escrito de la Fiscalía relativo a los presuntos vínculos entre ETA y los islamistas, documento que rechazaba relación alguna entre ambos grupos.
La fase testifical del juicio del 11-M finalizó esta tarde con la declaración del teniente de la Unidad Operativa de la Policía Judicial de Gijón en 2004, Carlos Montero. Las partes han renunciado a aproximadamente 200 testigos del listado previsto, informaron fuentes jurídicas. La testifical se recuperará en dos jornadas ya previstas en las que se celebrarán videoconferencias con Francia e Italia.
Otras de las conexiones prevista, en esta ocasión con Marruecos, ha sido rechazada por el país alauí. Las autoridades marroquíes han ofrecido al tribunal la posibilidad de desplazarse para realizar los interrogatorios, extremo previsto por las leyes españolas que establecen que en este caso sería válida la lectura de la declaración prestada por los presos encarcelados allí, agregaron las citadas fuentes.
ÚLTIMAS DECLARACIONES
En cuanto a las últimas declaraciones de hoy, Montero redundó en los datos ofrecidos por testigos anteriores relativos a las confesiones efectuadas en 2001 por Lavandera relativas a la existencia de tráfico de explosivos en Asturias y concretó que el testigo protegido solo identificó positivamente al acusado Antonio Toro. Destacó que durante las investigaciones desarrolladas durante aproximadamente dos meses en la que denominaron "Operación Serpiente" no llegaron a ver "indicios de criminalidad".
Por su parte el representante de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en 2004 (AUGC) indicó que en aquel año había en Asturias 54 guardias civiles dedicados al control de explosivos. Esta cifra se reforzó tras los atentados del 11 de marzo en Madrid, añadió el testigo.
Agregó que, además, estos agentes carecen de material adecuado para bajar a las minas por lo cual tienen que avisar el día anterior para que se lo proporcionen en la propia explotación. Esto, opinó, elimina el "elemento sorpresa" y resta eficacia a la inspección. El testigo mencionó también la existencia de una orden no escrita que prohibía a los agentes la entrada en las bocaminas en el desarrollo de las inspecciones.
