La Fiscalía tasa en 22.011.063,26 euros los daños materiales de los atentados y la explosión de Leganés (Madrid)
MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita penas que suman un total de 270.000 años de prisión para los 29 procesados por su presunta implicación en los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Las peticiones varían entre los más de 38.600 años de cárcel que se piden para los autores intelectuales y materiales de los crímenes y los 4 años de cárcel que se solicita imponer a Carmen Toro, una de las componentes de la "trama asturiana" que facilitó los explosivos a los terroristas.
El procesado para el que se solicita la mayor pena de cárcel, un total de 38.870 años, es el ex minero José Emilio Suárez Trashorras, como cooperador necesario en los 191 asesinatos (30 años por muerte, que dan un total de 5.730 años de cárcel) y 1.824 delitos de asesinato en grado de tentativa (que la Fiscalía quiere penar con 18 años de cárcel cada uno, lo que da un total de 32.832 años de cárcel más). Se piden también para él 2s años de prisión por robo de vehículo y la misma pena por falsificación de placas de matrícula.
A esta pena hay que sumar 10 años de cárcel por el delito de colaboración con la célula terrorista islamista que le atribuye la Acusación Pública; 20 años de cárcel por cada uno de los cuatro delitos de estragos, y 4 años de cárcel por asociación ilícita, una novedad de la Fiscalía con respecto a lo señalado en el auto de procesamiento dictado por el instructor de la causa, Juan Del Olmo, que se aplica a todos los integrantes de la "trama asturiana".
Los siguientes procesados para los que se pide más pena de prisión, un total de 38.656 años, son los supuestos autores intelectuales de los atentados: Rabei Osman El Sayed Ahmed "Mohamed el Egipcio", Hassan El Haski y Youssef Belhadj. La fiscal pide para ellos 14 años de prisión por pertenencia a organización terrorista, 5.730 años por las muertes, 32.832 por los heridos y 80 años por las cuatro explosiones en los trenes.
Tras ellos se sitúan los tres autores materiales, es decir responsables de la colocación en los trenes de 13 bolsas-bomba, que se sentarán en el banquillo de los acusados: Jamal Zougam, Basel Gahlyoun y Abdelmajid Bouchar, quienes fueron identificados por pasajeros de los trenes. Se enfrentan a una petición de 38.654 años de cárcel, ya que la fiscal pide para ellos la m misma pena que para los ideólogos, con la excepción de dos años menos de cárcel por el delito de pertenencia.
Para todos los mencionados hasta este punto la Fiscalía pide también que se les prohíba aproximarse a las víctimas o a sus familiares por 5 años después de extinguida la condena. En el cumplimiento de las penas de prisión se impondrá el límite máximo de 40 años.
El resto de autores materiales, otros 9 según la Fiscalía, no podrán ser juzgados porque se suicidaron en Leganés (Madrid) el 3 de abril de 2004 (un total de siete terroristas), o bien huyeron, como Daoud Ouhnane o murieron posteriormente en Irak, como es el caso de Mohamed Afalah.
A partir de aquí las penas que solicita la Fiscalía para el resto de procesados son bastante menores. Se piden entre 24 y 12 años de cárcel para el resto de integrantes de la célula terrorista, que son Othman El Gnaoui (24 años por pertenencia, suministro de explosivos y falsedad documental), Rachid Aglif (21 años por los dos primeros delitos), Muhannah Almallah Dabas, Abdelilah El Fadual, Fouad El Morabit, Mohamed Bouharrat, Saed el Harrak y Mohamed Larbi Ben Sellam (todos ellos 12 años de cárcel).
Para los supuestos colaboradores, las penas también varían entre los 23 años y medio para Hamid Ahmidan, por colaboración y delito contra la salud pública; los 13 años de prisión que se piden para Mahmoud Slimane Aoun, por colaboración y falsificación de documentos; 11 años para Nasreddine Bousbaa por los mismos delitos; 8 años de cárcel para Mohamed Moussatem, y 6 años de cárcel para su hermano Brahim.
TRAMA ASTURIANA.
Por lo que se refiere a la "trama asturiana", se piden 23 años de cárcel para Antonio Toro Castro, ex cuñado de Trashorras, por colaboración con organización terrorista, suministro de sustancias explosivas y asociación ilícita (4 años de cárcel por este último delito).
Para el trabajador de la mina Conchita Raúl González, la Fiscalía solicita ocho años de cárcel por asociación ilícita y suministro de explosivos "con inhabilitación para empleo o profesión relacionado con la minería en su condición de haber sido el trabajador de la mina, de la que se sustrajeron los explosivos y detonadores, y que él proporcionó durante 15 años". La misma inhabilitación se pide para Emilio Llano, vigilante de la mina, quien se enfrenta a una pena de 5 años de cárcel.
El resto de los presuntos suministradores de explosivos son Iván Granados, Javier González Díaz, Sergio Álvarez Sánchez y Antonio Iván Reis Palicio, para quienes se piden 3 años de prisión por asociación ilícita y 5 años por el suministro de explosivos. Para la ex mujer de Trashorras, Carmen Toro, se piden sólo 4 años de cárcel por la facilitación del explosivo.
INDEMNIZACIONES.
En su escrito, la Fiscalía pide que Zougam, Suárez Trashorras, Ghalyoun, "Mohamed el Egipcio", el Haski, Belhadj y Bouchar sean condenados a indemnizar conjunta y solidariamente a cada uno de los perjudicados y a los herederos de los fallecidos "en las cantidades que se fijen en ejecución de las sentencias".
En relación a los daños materiales ocasionados por las explosiones de los artefactos explosivos en los trenes, edificios y vehículos (tanto el 11-M como el 3 de abril en Leganés), la Fiscalía pide que se esté a lo que estiman las tasaciones periciales efectuadas, que valoran los daños en un total de 22.011.063,26 euros.
Al no estar sujetos a previsión normativa alguna, los daños corporales se cuantificarán según establece el sistema para la valoración de perjuicios a las personas en accidentes de circulación. Así, por cada uno de los fallecidos se deberá indemnizar a los perjudicados con 500.000 euros, mientras que para los heridos cada día de lesión se valorará con 100 euros y cada día de incapacidad sufrido con otros 150 euros.
Finalmente, la Fiscalía pide que "con la finalidad de otorgar el amparo adecuado a las víctimas del terrorismo, la sentencia que finalmente se alcance deberá ser notificada por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia a cada uno de los ofendidos y perjudicados aunque no se hayan mostrado parte en el proceso".
Ante la insolvencia de los condenados, se prevé que las víctimas puedan reclamar la indemnización prevista en la Ley, por lo que la sentencia deberá ser también notificada a la Subdirección General de Atención al Ciudadano y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo en el Ministerio del Interior.
