Denuncia que la sentencia ha "retorcido" la interpretación de la ley para "privar injustamente a ciudadanos de su libertad"
VITORIA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
El consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga, dio a conocer hoy una declaración del Gobierno autonómico en relación a la sentencia del sumario 18/98, en la que se asegura que la Audiencia Nacional "está encarcelando ideas" y ha "retorcido" la interpretación de la ley para "privar injustamente a ciudadanos de su libertad". Además, aseguró que el fallo se basa en "una lectura política" al decir que "todo es ETA" y que la banda "puede colonizar a organismos ajenos que no sabían que eran parte" de la organización terrorista.
Azkarraga, que compareció en la sede de la Presidencia del Ejecutivo autonómico para hacer público el posicionamiento del tripartito ante la sentencia, aseguró que ésta, que establece que organizaciones como KAS son "el corazón de ETA", "hiere la democracia" y puede "abrir un agujero de excepción y un sumidero de garantías".
El titular vasco de Justicia subrayó que la postura del Gobierno ésta está "claramente justificada", puesto que "cuando la tensión entre legalidad formal y justicia material es insoportable, debe reaccionarse". "Este Gobierno no puede permanecer en silencio cuando ve cómo las leyes penales y su interpretación son retorcidas con la consecuencia de privar injustamente a ciudadanos de su libertad", añadió.
El consejero denunció que la sentencia, que condena a 47 de los 52 encausados en este macrosumario sobre la base, entre otros aspectos, de documentos internos de la propia banda, "ratifica" la teoría del sumario e "ignora de forma preocupante la exigencia de aportar suficientes elementos de prueba como para destruir la presunción de inocencia".
La declaración del Gobierno vasco, de tres folios de extensión, dedica dos párrafos a analizar la tesis que establece la sentencia de la integración de KAS, EKIN, XAKI y otras organizaciones en la banda terrorista. "Es una lectura política decir que todo es ETA, que esta organización que usa las armas para imponer el terror puede colonizar a organismos ajenos que no sabían hasta que son detenidos y condenados que eran parte de ETA".
El consejero afirmó que esta conclusión nos sitúa "ante una nueva terminología jurídico-penal, derivada de una clara presión política y que hace tabla rasa de categorías penales". "¿Hasta dónde se está dispuesto a llegar?", se preguntó.
"LIMPIAR SU MIRADA"
El responsable de Justicia del tripartito expresó su esperanza de que las instancias judiciales que puedan revisar la sentencia "limpien su mirada de cualquier atadura ajena a su función" y examinen el caso "con profesionalidad e imparcialidad" con el fin de que "interpretaciones expansivas no fuercen el arco penal hasta un extremo en que el Derecho ser pueda convertir en herramienta de persecución contra ciudadanos incomodos o disidentes".
Azkarraga aseguró que el tribunal ha establecido sus conclusiones "sin contraste, sólo sobre la base de informes policiales que luego, además, no aparecían en el juicio". Tampoco se mostró de acuerdo con las posibilidades otorgadas a los abogados, ya que, según dijo, en el proceso se ha producido "una grave limitación del derecho a la defensa, con una actuación nerviosa e incluso a veces lesiva de la dignidad de los letrados o de los imputados".
"SIN CONTROL DOCUMENTAL"
En opinión del consejero "todos hemos sido testigos de las irregularidades" de un juicio en el que no ha habido "control documental" y que se ha construido "sobre la base de una instrucción fuera totalmente de los usos jurídicos".
Azkarraga continuó en sus críticas a la labor judicial al afirmar que se ha producido "una clamorosa falta de rigor jurídico" y un pronunciamiento "que destila valoraciones políticas". "El mismo impulso que puso en marcha el sumario hace casi diez años, se ha impuesto para resolver su primer desenlace", censuró.
En este documento, el Ejecutivo establece que la sentencia de la Audiencia Nacional "denota un seguimiento absolutamente acrítico a la versión interesada que abrió este 'macrocaso'". Además, señala que el fallo "permite albergar serias dudas" de que "se hayan puesto los medios necesarios para buscar la verdad".
"La ciudadanía vasca ha percibido que las irregularidades han sido notables y manifiestas", insistió el consejero, para añadir a continuación que el derecho a un juicio justo "se ha puesto en entredicho".
DERECHOS "LESIONADOS"
Azkarraga afirmó que las detenciones de los acusados que se produjeron antes de la divulgación de la sentencia supusieron "la guinda a un pastel cocinado" por el Gobierno de José María Aznar en 1998. En su opinión, esa fórmula "prescinde del respeto a los derechos humanos fundamentales, lesionados de forma grave en esa etapa, y que hoy permanecen al albur de intereses partidistas".
El consejero consideró que "llama poderosamente la atención" el hecho de que "instancias habitualmente sensibles a cualquier vulneración de derechos fundamentales hayan permanecido impasibles ante lo sucedido".
En referencia a la izquierda abertzale, a la que no citó expresamente, Azkarraga se dirigió a "los sectores que hoy se sienten justamente indignados" y destacó que "la solidaridad que algunos reclaman ante los atropellos de los que se sienten objeto debe ejercitarse también para todas aquellas personas que son igualmente víctimas de la vulneración de sus derechos".
