MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Abogacía del Estado considera que si no se subsana el error detectado en la composición de la Sala del 61 del Tribunal Supremo sus actos futuros "quedarían viciados y serían jurídicamente atacables con graves consecuencias dadas la competencias que sobre el ejercicio de algunos derechos fundamentales ejerce la citada Sala", como los relativos a la ilegalización de partidos.
En un informe, solicitado por el propio ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, la Abogacía del Estado explica que la jurista más joven de los dos que tomaron posesión el mismo día, en junio de 2005, Encarnación Roca, es la que debe ser considerada magistrada más moderna de la Sala de lo Civil y por tanto la que debe participar en la Sala del 61.
En lugar de ella forma parte desde entonces de la Sala Especial el magistrado Antonio Salas, al ser considerado él el más moderno, a pesar de su procedencia judicial. En este sentido, el informe recuerda que, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando son elegidos para el Tribunal Supremo el mismo día jueces y juristas se considera a los últimos más modernos, porque es como si ingresaran en la carrera judicial, mientras que los primeros promocionan.
Además, la Abogacía considera relevante la fecha de toma de posesión y que, en el caso de la Sala Primera, los cuatro magistrados que ingresaron en último lugar lo hicieron el mismo día, aunque los decretos que nombraban a los juristas tuvieran fecha 7 días anterior a los de los judiciales.
DEFECTUOSA E IRREGULAR.
Esta circunstancia, en su opinión, "debe reputarse jurídicamente defectuosa e irregular", puesto que la Sala del 61, compuesta por el presidente del Supremo, los de sus cinco Salas y el magistrado más antiguo y más moderno de cada una de ellas, "simboliza el pleno del Tribunal Supremo y goza de un 'estatus' de supremacía".
Según el informe, aunque de momento no ha acarreado ninguna consecuencia, puesto que el plazo para interponer recursos contra sus decisiones ya ha concluido y fueron revisadas por el Tribunal Constitucional (la ilegalización de Batasuna, en 2003, y la de Aukera Guztiak, en 2005, entre otras), sí lo pueden tener en el futuro.
En este sentido, explica que "si persiste y no se subsana la irregularidad jurídica cometida en su composición, se entiende que los mismos quedarían viciados y serían jurídicamente atacables" mediante recursos, lo que tendría "graves consecuencias dadas las competencias que sobre el ejercicio de algunos derechos fundamentales ejerce la citada Sala".
SOLUCIONES PROPUESTAS.
No obstante, la Abogacía del Estado propone dos soluciones para corregir el error detectado. Una consiste en considerar que "la irregular constitución" derivó de un acto administrativo que dispuso indebidamente el escalafonamiento de Antonio Salas y de Encarnación Roca; como su subsanación beneficia al primero y perjudica a la última, su revisión de oficio se debería hacer según lo establecido en el artículo 103 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, salvo que ambos afectados den su conformidad.
La otra propuesta consiste en concluir que no deriva de un acto formal, sino meramente material, consistente en la convocatoria que se hace de cada magistrado cada vez que hay una reunión, bastando en este caso con que en las próximas sesiones de la Sala del 61 se cite a Roca en vez de a Salas.
FORMAS DE REVISIÓN.
Ahora mismo la revisión del escalafonamiento de la Sala Primera del Supremo se puede producir por tres vías. Si así lo concluye el informe encargado por la Sala del 61 a los Servicios Técnicos del Consejo, en el que se solicitaba concretar si se había realizado correctamente; por medio de la propuesta de los vocales de la minoría del Consejo que han pedido que el Pleno lo revise de oficio; y si alguno de los afectados (Salas o Roca) dicen no estar de acuerdo con los últimos datos del escalafón publicados, cuyo orden provisional se conoció el pasado día 5.
