MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -
La Abogacía del Estado estudia el Proyecto de ley de convocatoria y regulación de una consulta popular dado a conocer hoy parcialmente por el lehendakari, Juan José Ibarretxe, con el objeto de preparar una eventual impugnación ante el Tribunal Constitucional si este texto llega a ser aprobado por el Parlamento Vasco, según confirmaron a Europa Press en fuentes del Ministerio de Justicia.
Los planes del Gobierno respecto de la propuesta de Ibarretxe fueron adelantados hoy por la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, quien manifestó la "total oposición" del Ejecutivo a "proyectos unilaterales, que no aumentan el necesario consenso, dividen a la sociedad vasca, y están fuera de la Constitución".
Así, en caso de que el Parlamento Vasco apruebe el Proyecto del lehendakari, el Gobierno impugnará esta ley ante el Tribunal Constitucional mediante un recurso de inconstitucionalidad que planteará además la existencia de un 'conflicto de intereses' entre el Gobierno central y el autonómico, según las mismas fuentes.
El Proyecto de contenido de la consulta que Ibarretxe espera plantear a la sociedad vasca el próximo 25 de octubre no contempla un rechazo expreso de ETA, sino que pregunta si se está de acuerdo en "apoyar un final dialogado de la violencia", si previamente la banda armada "manifiesta de forma inequívoca su voluntad de poner fin a la misma".
DOS PREGUNTAS.
Ibarretxe tan sólo dio a conocer hoy las dos preguntas que incluirá la consulta, por lo que el contenido íntegro del proyecto no se dará a conocer oficialmente hasta mañana, cuando se registrará en la Cámara vasca.
La primera pregunta, basada en el denominado 'principio ético', consiste en una interpelación sobre si se "está de acuerdo en apoyar un proceso de final dialogado de la violencia, si previamente ETA manifiesta de forma inequívoca su voluntad de poner fin a la misma de una vez y para siempre".
La segunda, relativa al que Ibarretxe denomina como 'principio democrático', inquiere sobre si la persona consultada "está de acuerdo en que los partidos vascos, sin exclusiones, inicien un proceso de negociación para alcanzar un acuerdo democrático sobre el ejercicio del derecho a decidir del pueblo vasco, y que dicho acuerdo sea sometido a referéndum antes de que finalice el año 2010".
