Advierte que el texto planteado pone en riesgo el derecho de defensa en España por imposición del Ministerio de Economía
MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha remitido una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, solicitando su implicación en un diálogo "concreto, urgente, reflexivo, abierto y sincero" sobre los aspectos aún no resueltos del proyecto de Ley de Justicia Gratuita, que a su juicio ponen en riesgo un servicio fundamental para garantizar el derecho de defensa de los más vulnerables.
Ante la prolongación del plazo de enmiendas a la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, Carnicer reitera en su misiva la voluntad de la Abogacía de dialogar en nombre de los 83 colegios de abogados y de sus 250.000 colegiados para salvaguardar un servicio que funciona muy satisfactoriamente y que solo ha sido noticia negativa "por los retrasos en los abonos en las exiguas retribuciones, incluso con los impagos y con los recortes unilaterales por parte de algunas administraciones públicas".
El presidente de la Abogacía recuerda también que el diálogo mantenido con el Ministerio de Justicia y los innegables avances logrados en algunos aspectos no han impedido que, al parecer por imposición del Ministerio de Economía y de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, haya sido imposible rectificar los graves errores del proyecto.
Estos consisten, según la Abogacía, en que la nueva norma no garantiza la financiación pública ni la cercanía de la justicia al ciudadano, no destina el dinero de las tasas a los abogados de oficio, desconfía y sospecha de los ciudadanos, no garantiza la digna retribución del servicio, burocratiza y hace más lenta la labor de los letrados.
Según Carnicer, en el Proyecto de Ley de Justicia Gratuita hay temas nucleares que si no se cambian "pondrán en riesgo un servicio público modélico prestado por 83 Colegios de Abogados y 42.500 abogados, 24 horas al día, 365 días al año, que no sólo no cuesta más a los ciudadanos españoles sino que en 2013 costó 42 millones menos de euros respecto a 2009".
Todo ello, asegura el presidente de la Abogacía, justifica sobradamente el malestar y la desconfianza tanto de los Colegios de Abogados como de la inmensa mayoría de los abogados, especialmente de los de oficio.
