Sociedad Civil Catalana sitúa a Homs como "el cerebro jefe" de la consulta y pide al Tribunal de Cuentas que devuelvan todo lo gastado
MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -
El juicio por responsabilidad contable contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas y varios miembros de su Administración en relación al dinero público que emplearon en la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 ha llegado a su fin este jueves con la lectura de las conclusiones de las partes, incluida la Abogacía del Estado, cuyo representante ha afirmado que aquel proceso fue "tosco y chapucero" y generó "un menoscabo claro" a las arcas de los catalanes.
El letrado, Javier Borrego, ha incidido durante su exposición en que "fue un auténtico referéndum y produjo unas consecuencias de menoscabo a los caudales públicos" que "no admite ya discusión", porque se han utilizado fondos "para un fin absolutamente contrario a todas las normas" y por tanto, sus promotores han incurrido en una responsabilidad contable que en su opinión, deben afrontar restituyendo a la Generalitat todo el dinero empleado el 9N.
La Abogacía del Estado se sumaba así a las tesis de la Fiscalía y de Sociedad Civil Catalana, que ejerce la acusación, y cuya labor ha ensalzado Borrego porque "han sabido utilizar" el precepto de la ley que regula la responsabilidad contable cuando "los sabios que hicieron 200 páginas no se dieron cuenta", en relación a la sentencia penal sobre el 9N. Se ha "congratulado" también de "en ausencia de los servicios jurídicos de la Generalitat", estar en el juicio "pidiendo dinero para ellos".
Borrego ha tomado la palabra tras la intervención del letrado de Sociedad Civil Catalana, Manuel Zunón, quien durante más de una hora ha defendido que el 9N fue "un enmascaramiento como la copa de un pino" de la consulta inicial anulada por el Constitucional y "la ilegalidad presupuestaria, su consecuencia necesaria" porque se gastaron fondos públicos "en un acto de soberanía ajeno a la función pública".
"INDICIOS QUE CLAMAN AL CIELO"
Zunón se ha centrado en uno de los hechos "controvertidos" del 9N, la compra de los cerca de 7.000 portátiles que se estrenaron en las mesas de votación y luego se asignaron a colegios, según la exconsellera de Educación, Irene Rigau, porque ese era el fin para el que se adquirieron. "Existen razones sólidas y evidentes que permite inferir que la necesidad no vino motivada por los centros de enseñanza: el motivo fue dar apoyo logístico a la consulta sin perjuicio de que después ese material sobrante se colocara donde se pudo colocar", ha señalado el letrado.
Entre esas "razones sólidas" ha citado que "el número de portátiles que se compra coincide con el número de mesas de votación", que "existe clara conexión de fechas" entre la convocatoria del 9N y la orden de compra, que la partida "procedía de dos transferencias de crédito" del dinero habilitado para la primera consulta suspendida y que "no se acreditó en ningún documento" que hubiera colegios demandando esos ordenadores. "Son indicios que claman al cielo", ha sentenciado.
Sostiene que "no hubo una malversación de uso, sino que se invirtió 2.8 millones de euros para comprar algo que no se necesitaba para la función publica sino para otra cosa" y no basta con llevar los ordenadores a colegios para reparar el daño, pues "si el ente público lo que recibe como indemnización son los bienes adquiridos por el responsable contable, se consolida la arbitraria elección de necesidades que hizo un gestor desleal y eso es inadmisible".
"El 9N necesitaron los organizadores 7.000 portátiles para las mesas electorales. Si hubiesen sido 70.000, se habrían comprado 70.000 y si los voluntarios hubieran necesitado 20.000 camisetas, habrían comprado 20.000 camisetas y luego se las habrían colocado a los niños, pero así no se repara el daño ni se devuelve la confianza en la administración de fondos públicos", ha sentenciado.
En cuanto al resto de expedientes de gasto para el 9N, el abogado de SCC ha reconocido que "ninguno es per se inconstitucional" porque "la irregularidad está en el uso que se les dio" y ha destacado además que "estaban todos ordenaditos", lo que a su juicio indica que "los controles internos que intentan garantizar el acierto y la legalidad de las políticas de gasto fallaron y los funcionarios que intervinieron no supieron, no quisieron o no se atrevieron a impedir que sus jefes malgastasen 5 millones de euros".
FISCALÍA: EXIGIR RESPONSABILIDADES A LOS GESTORES
"Esto significa que podría haber más responsables contables además de los que dieron las órdenes", ha comentado, para explicar que la asociación se ha centrado en "los responsables", Artur Mas, Irene Rigau, Joana Ortega y Francesc Homs, a quien además, ha definido como "el cerebro, el jefe del 9N". "Y lo sé por la carta a TSystems y la carta que envió a los medios de comunicación (sobre el 9N). ¿Qué iban a hacer los servicios jurídicos de la Generalitat? ¿Enfrentarse a su jefe, el señor Homs?", ha apostillado.
Por su parte, el Ministerio Fiscal representado en el fiscal Jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, ha incidido en que para el 9N "no existe gasto dirigido a un fin público, sino a una finalidad política fuera de los cauces legales de la Administración", cosa que en su opinión, "se puso de manifiesto en el interrogatorio" a los cuatro principales demandados por responsabilidad contable.
"El hecho de que se haya pagado a los contratistas los servicios que se solicitaron y se generaron estas obligaciones, aunque son nulas de pleno derecho, es más, inexistentes porque se esta actuando por la vía de hecho; no exime a la Administración de exigir las correspondientes responsabilidades a los gestores que han actuado al margen del procedimiento. Es un elemento fundamental que se haya hecho este gasto y lo que permite la exigencia de la responsabilidad contable", ha argumentado.
