VITORIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -
Jaume Alonso-Cuevillas, abogado del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha afirmado que considera que la Fiscalía General del Estado tiene "margen" para modificar su posición en relación a los dirigentes catalanes imputados por presuntos delitos relacionados con el proceso independentista, y ha considerado que lo "lógico" sería que retirara los cargos que les atribuye.
El abogado de Puigdemont ha participado este viernes, en Vitoria-Gasteiz, en un acto del Comité de Defensa de la República de la capital alavesa, en el que se ha proyectado el documental '20S'.
Este trabajo audiovisual describe las protestas que se produjeron el 20 de septiembre de 2017 en Barcelona a raíz de unos registros practicados por la Guardia Civil en varias sedes de la Generalitat, en el marco de las investigaciones sobre el referéndum convocado por las instituciones catalanas.
Jaume Alonso-Cuevillas ha subrayado que el documental demuestra que los activistas independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, que llevan un año en prisión preventiva al ser imputados por sedición por las protestas de aquel día, tuvieron una intervención "absolutamente pacífica" en aquella jornada.
El abogado de Puigdemont no se ha querido pronunciar sobre la posibilidad de que el Gobierno del PSOE pueda adoptar medidas respecto a los dirigentes catalanes encarcelados o imputados, con el fin de propiciar un eventual apoyo de las formaciones independentistas a los Presupuestos Generales del Estado.
"NI REBELIÓN NI SEDICIÓN"
No obstante, ha destacado que la Fiscalía General del Estado, un organismo que depende del Gobierno, "por descontado que tiene margen" para modificar su postura.
"La Fiscalía ha de acusar de aquello que crea que se ha producido; y la mayoría de catedráticos de Derecho Penal de España han dicho que no se puede hablar de rebelión ni sedición [en la actuación de los dirigentes independentistas]", ha manifestado.
Por ese motivo, ha asegurado que "lo lógico sería que la Fiscalía desistiera de todos estos cargos", e incluso de la malversación que también se les imputa, dado que "el propio Ministerio de Hacienda ha dicho que no ha encontrado ningún indicio de la misma".
