Varios letrados de la defensa mantienen que las identificaciones de algunos testigos deben considerarse nulas por hacerse con fotografías
ALICANTE, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -
La novena sesión de la repetición del juicio por el motín en la prisión alicantina de Fontcalent, en la que falleció un preso argelino y varios funcionarios fueron retenidos en 1990, contó hoy con la exposición de las conclusiones de seis abogados de la defensa, quienes coincidieron en pedir pedir la absolución de sus clientes y la nulidad del juicio.
Durante la vista oral celebrada hoy, tres de los abogados de la defensa solicitaron que las identificaciones realizadas por algunos testigos fueran "nulas" al hacerse a través de fotografías y sin una identificación personal.
Así, José Berenguer, abogado del procesado Francisco S., --por el que el Ministerio Fiscal pide una pena de 153 años por los delitos de detención ilegal, asesinato, atentado, entre otros-- solicitó la libre absolución de su cliente, al considerar que no están probados los hechos por los que está imputado.
En este sentido, este mismo letrado declaró que "los testigos y los acusados no se han visto durante la sesión", y estimó que "los reconocimientos realizados por algunos testigos sobre mi cliente son nulos". De igual manera, opinó que "el hecho de ser funcionario no implica que conozcan a todos los reclusos, como demuestra que varios los identificaron a través de una fotografía".
Por su parte, el abogado de Vicente G.C. --por el que el fiscal pide una pena de 159 años de prisión por los delitos de asesinato, atentado, detención ilegal, robo con violencia y quebrantamiento de condena-- se adhirió a la petición de nulidad del letrado José Berenguer al considerar que "se infringe la ley cuando se produjo el reconocimiento de identidad de su procesado por medio de fotografías y sin la presencia de un abogado defensor". En esta línea, defendió la libre absolución de su cliente porque "no hay pruebas suficientes".
Así mismo, destacó que su defendido, Vicente G.C. admitió el delito de quebrantamiento de condena porque se quería ir de la cárcel durante el motín, aunque concretó que su cliente "en ningún momento organizó ni originó" la revuelta de la prisión. En cualquier caso, según apuntó, este delito ya ha prescrito.
Sobre la identificación de Vicente G.C. por dos testigos --el entonces director del centro penitenciario y un funcionario--, como uno de los autores de los traslados de funcionarios retenidos, apuntó que "la respuesta del director estuvo condicionada e inducida" por la pregunta del fiscal, y que estas declaraciones no han sido confirmadas por el resto de los testigos".
En cuanto a la muerte del reo argelino, indicó que "no existe ninguna prueba, como dijo el fiscal, al no contar en acta las declaraciones de siete testigos, por lo que no puede ser imputado por este delito". Además, opinó que tampoco está probada la participación en un presunto delito de atentado o robo con violencia, por lo que pidió la libre absolución de su cliente.
Además, el letrado apeló a la "indulgencia, humanidad y justicia" a la hora de dictar la sentencia porque, según manifestó, Vicente G. C. está en libertad desde hace cuatro meses y está esforzándose por integrarse en la sociedad "y una pena ahora no es igual que si la recibiera estando en la cárcel".
Por otra parte, el abogado de Miguel A.A. reclamó la nulidad del juicio en base a que se han incorporado las actas del juicio que fue anulado en el actual, y expresó que los testimonios de los tres funcionarios que no fueron retenidos y que incriminan a Miguel A.A. en el asesinato del súbdito argelino deberían de ser "invalidados".
"ESPINA" DEL MOTÍN
El abogado de Manuel P. también pidió hoy, como el resto de la defensa, la absolución de su cliente y expresó que "la espina desencadenante del motín fueron las vejaciones que sufrían los presos". Así mismo, subrayó que en sus reivindicaciones siempre habló de mejoras en las condiciones de los reclusos, al tiempo que manifestó que durante el juicio quedó comprobado que la actuación de Manuel P. permitió "aminorar las repercusiones del motín" y manifestó que, "de no haber sido por él, ahora estaríamos juzgando delitos mucho más graves".
Por su lado, la abogada de Gabriel R. B. pidió la absolución de su cliente al señalar que no es imputable porque en el momento de los hechos padecía una psicosis maniaco depresiva.
El abogado de Juan J.G. solicitó también la libre absolución de su cliente pues, según dijo, "no participó en los hechos", y recordó que los testigos afirmaron durante sus declaraciones que su cliente no secuestró a nadie y que nunca actuó con agresividad.
Además, señaló que la participación de Juan J.G. en las negociaciones no está demostrada porque el entonces director del centro penitenciario aseguró que no habló con él y que los responsables de llevar la negociación en una segunda fase no han declarado durante el presente juicio, por lo que "parece probado que no participó".
En este sentido, recordó que Juan J.G. se encerró en su celda, junto a otros reclusos, con el objetivo de desmarcarse del motín, y recordó que su cliente quería fugarse de la cárcel y estaba elaborando un plan alternativo al del motín para salir de prisión.
El juicio de Fontcalent se reanudará mañana, 17 de febrero, con la exposición del resto de conclusiones de los letrados y con la declaración de la última palabra de los acusados.
