MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado Togado Militar Central número 1 ha abierto diligencias previas al jefe de Documentación del Ejército para investigar por qué no se borraron del Sistema de Personal del Ministerio de Defensa (SIPERDEF) dos sanciones impuestas al primer militar que denunció "mobbing" en España (una de un mes y un día de arresto y otra de pérdida de destino) que habían sido anuladas por el Tribunal Constitucional y el Supremo, respectivamente, según consta en el auto al que ha tenido acceso Europa Press.
El comandante que denunció "mobbing" se vio obligado el pasado mes de junio a dirigirse al Tribunal Militar Central para pedir que se investigara por qué no se habían borrado las sanciones, lo que finalmente se ha producido en los meses de octubre y septiembre, cuando el Supremo había anulado una de ellas en 1998 y el Constitucional en 2001.
En su escrito, el comandante hacía responsable de lo sucedido al comandante Fernando Alberquilla, jefe del Negociado de Documentación de la Sección de Trienios, Documentación y Recompensas, de la Dirección de Gestión de Personal del Ejército de Tierra, contra el que se han abierto diligencias para investigar si cometió los delitos de abuso de autoridad, extralimitación en el ejército del mando y revelación de secretos o materias clasificadas.
El primer militar que denunció "mobbing" considera que la no eliminación de las sanciones en su momento le ha perjudicado "de forma importante, durante años, en la petición de vacantes de libre designación que solicitaba y que eran sistemáticamente declaradas 'desiertas' o asignadas a otras personas que parecían mejores militares".
El comandante también esgrimía que le había perjudicado en su solicitud de que se le concediera la Cruz de San Hermenegildo, que le fue denegada. En este procedimiento, recusó a los tres últimos ex jefes de Estado Mayor del Ejército, Alfonso Pardo de Santayana y Coloma, Luis Alejandre Sintes y José Antonio García González, además de al general de Brigada Eduardo Gutiérrez Salguero, para evitar que participaran en la decisión sobre la concesión.
Tanto Pardo de Santoyana, como García González y Gutiérrez Salguero se abstuvieron de participar en la reunión en la que se decidió a quien se otorgaba la condecoración, "a fin de no crear el más mínimo recelo o sospecha de imparcialidad o neutralidad", aunque consideraban que no había motivos para ser recusados.
En el escrito en el que el ministro de Defensa, José Antonio Alonso, comunicó al comandante que no se le concedería la Cruz de San Hermenegildo se mencionan cuatro sanciones que se le impusieron, aunque se precisaba que estaban canceladas. Sin embargo, se añadía "aun canceladas las notas desfavorables relacionadas se aprecia que su conducta no ha tenido a lo largo de su carrera militar el calificativo de intachable", por lo que no es merecedor de la condecoración, cuya concesión corresponde a la Administración.
Tres de estas sanciones canceladas eran leves y el Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas prohíbe utilizarlas en este tipo de concesiones.
