Absuelven al ex alcalde de Galapagar (Madrid) de delitos de prevaricación e infidelidad en la custodia de documentos

Actualizado: jueves, 8 mayo 2008 21:25

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al alcalde socialista de Galapagar entre 1998 y 2003, Manuel Cabrera, de los delitos de prevaricación y de infidelidad en la custodia de documentos de los que había sido acusado por supuestas irregularidades en la concesión de una licencia de primera ocupación de vivienda al entonces interventor general de la Corporación municipal.

Cabrera volverá a pisar este lunes la Audiencia madrileña para ser juzgado por un presunto delito de prevaricación e infidelidad en la custodia de documentos por aprovechar su condición de regidor para impedir que un funcionario del Ayuntamiento pudiera ejerce como abogado.

En los hechos de los que ha sido exonerado, la Fiscalía de Madrid solicitó en el juicio la imposición al ex edil de un año de prisión y 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Junto a Cabrera, se sentaron en el banquillo de los acusados el entonces interventor general del Ayuntamiento, Antonio Ortells González, el primer teniente de alcalde, Vicente Martínez Greciano, y el concejal delegado de Obras y Servicios, José Ponce Ruiz.

El Ministerio Público acusaba a Antonio Ortells de prevalerse de su cargo de interventor general para eludir el pago de unas tasas a las que estaba obligado por la ordenanza fiscal reguladora de licencias de obras y de primera ocupación de vivienda. Según la acusación inicial, el alcalde le concedió el permiso, pese a la existencia de un informe desfavorable emitido por los técnicos del Ayuntamiento.

Los hechos se remontan a 1988 cuando la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Galapagar otorgó a María B.Martín Castillo una licencia de obras para la construcción de una vivienda en la urbanización Parquelagos de este municipios, autorizando en mayo de 1989 el cambio de titularidad de dicha licencia a favor del interventor general.

Concluidas las obras, Ortells solicitó la concesión de la licencia de primera ocupación, lo que dio lugar a la incoación del correspondiente expediente administrativo. Los técnicos del Ayuntamiento emitieron un informe desfavorable al haberse efectuada obras no amparadas por la licencia concedida.

El expediente se remitió a la Secretaría General del Ayuntamiento, quedando paralizado su trámite para la subsanación de los defectos que impedían la concesión de la licencia. Según la sentencia, no consta que dicho expediente fuera entregado al alcalde ni que lo retuviera con fines ilícitos.