MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
La polémica por la detención de dos militantes del PP tras el intento de agresión al ex ministro de Defensa, José Bono, en la manifestación de la AVT de enero del pasado año ha vuelto a la primera plana política de la mano de Ángel Acebes. El número dos de los populares acusó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de ser el político responsable de "las primeras detenciones ilegales y políticas que se han producido en nuestra democracia". En el juicio por este asunto, un agente de Policía declaró que fue relevado por negarse a detener a Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz sin pruebas de su implicación.
Acebes aseguró que Zapatero "es el político responsable de las primeras detenciones ilegales y políticas que se han producido en nuestra democracia", las de los militantes populares Barrios y De la Cruz. La política del PSOE, añadió, es la de la "persecución y la exclusión porque quiere acabar con la oposición", pero advirtió de que "no ha conseguido ni excluir al PP, ni aislarlo, ni acabar con él, ni tampoco amedrentar a la sociedad". "Es muy grave detener a dos personas por pertenecer a un partido político en democracia", dijo, y advirtió que el PP "no va a parar hasta conseguir que se paguen esas responsabilidades".
Las manifestaciones de Acebes devuelven a la esfera política de primer nivel un caso que lleva ya tres días en los tribunales. En esta tercera jornada del juicio el agente de Policía que fue relevado como instructor de la investigación tras negarse a detener a los dos militantes del PP en cuanto pisaran la comisaría, tal y como le ordenó su superior, el inspector jefe que está acusado en este juicio.
Según el relato del agente, lo que su inspector jefe le dijo es "cuando lleguen, les detiene y les lee sus derechos". El agente mostró su desacuerdo porque "no tenía pruebas que las inculparan" y dijo que antes de nada había que tomarles declaración. Nada más decirle que no estaba de acuerdo, el inspector jefe le contestó que era relevado de la investigación y que se le cesaba de su cargo de jefe del grupo de conflictividad laboral y social de la Brigada de Información. El entonces jefe superior de Policía de Madrid, Miguel Ángel Fernández Rancaño, quien cuestionó en este mismo juicio la versión oficial, llamó a su despacho al agente para tranquilizarle, porque sólo él le podía cesar.
MÁS DECLARACIONES
Varios agentes más declararon en esta tercera jornada del juicio, que se reanudará el lunes. Dos de ellos fueron testigos de los incidentes que se produjeron durante la manifestación. Ellos redactaron las primeras notas informativas sobre los hechos y después recibieron la orden de transformarlas en diligencias policiales de carácter formal. Ambos reconocieron que un día después de traspasar la causa al grupo especializado se les ordenó volver a firmar esta diligencia para que figurara como instructor una persona diferente.
Uno de ellos recordó que el comisario jefe llegó a decir la frase "si el ministro dice que le han pegado, le han pegado, y eso no se cuestiona". Este mismo agente aseguró que firmó de nuevo el documento de traspaso de la investigación porque le dijeron que había "un problema formal". "Los ánimos estaban un poco calientes, trastornados", dijo, y después añadió que no sabía si en aquel momento tenía que haber rechazado la petición. "Me hubiera negado si no fuera el mismo contenido", explicó.
