MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M volverá a pedir mañana 6 años de prisión y multa de 72.000 euros para cada uno de los mandos policiales imputados por la juez de Instrucción de Madrid Gemma Gallego por los delitos de falsedad documental, falso testimonio y encubrimiento por el 'caso del ácido bórico', que investiga la presunta manipulación de un informe pericial realizado por tres peritos que relacionaba a ETA con los atentados del 11-M a partir del hallazgo de esta sustancia en el domicilio de uno de los procesados por la masacre de Madrid.
El abogado de esta acusación, José María de Pablo, anunció a Europa Press que presentará mañana ante el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid el escrito de acusación, dos días antes de que concluya el plazo que se abrió en el momento en que la magistrada concluyó la investigación. El paso día 16, la juez Gallego puso fin a la instrucción por segunda vez, lo que supuso que finalmente los jefes policiales de los peritos se sentarán en el banquillo de los acusados por supuestamente haber alterado el informe al eliminar las referencias a ETA.
La asociación pide los 6 años de cárcel para el jefe de la Sección de Análisis Químicos del Laboratorio Químico Toxicológico de la Policía Científica, Francisco Ramírez; el secretario general y segundo jefe de la Policía Científica, Pedro Luis Mélida; el jefe de la Unidad Central de Análisis de esta comisaría, José Andradas; y el comisario general, Miguel Ángel Santano. Para este último se piden alternativamente 3 años de cárcel por un delito de encubrimiento.
En su escrito de acusación, la asociación solicita también que declaren como testigos en la vista oral los ministros de Interior en el momento de elaboración de los informes y cuando se descubrió la falsificación, José Antonio Alonso y Alfredo Pérez Rubalcaba, respectivamente. Con estas testificales se pretende, según la asociación, aclarar "las circunstancias que rodearon a unos hechos de la máxima gravedad".
Asimismo, la asociación hace referencia en su escrito de acusación a las declaraciones prestadas el pasado diciembre por los peritos ante la magistrada a petición de la defensa de los jefes policiales. Estas diligencias se practicaron después de que la juez acordase reabrir el procedimiento.
ALTERACIÓN DEL INFORME.
La magistrada destacó en el auto que concluyó la investigación que los superiores de Escribano, López Cidad y Manrique, consideraron "inconveniente" que constara, por lo que Ramírez pidió que suprimiesen las indicaciones. Ante la negativa de Escribano de eliminarlas, Ramírez "modificó" el informe para que "no constara ninguna" de las observaciones. "Ramírez alteró el objeto de la petición solicitada por la Comisaría y se atribuyó él mismo la recepción de las muestras de analítica", señaló el auto.
También apuntó que, una vez firmado el informe, Andradas se encargó, siguiendo instrucciones de Santano, de la remisión del informe de Ramírez a la Comisaría de Información, que lo elevó al Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, cuyo titular Juan del Olmo instruyó tanto el sumario de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, así como varias diligencias que se abrieron tras concluir la investigación inicial.
Los datos de las diligencias del 'caso del ácido bórico" no serán finalmente incluidos en el juicio de los atentados del 11-M, que comenzará el próximo 15 de febrero, después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional haya rechazado incluirlos, tal y como había solicitado exclusivamente la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M.
Por su parte, la defensa de los mandos policiales ha vuelto a recurrir en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid la decisión de la juez Gallego de sentar en el banquillo de los acusados a sus patrocinados.
