MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado que los mandos policiales de la Comisaría General de la Policía Científica imputados en el 'caso del ácido bórico' se sentarán en el banquillo de los acusados por los delitos de falsedad documental, falso testimonio y encubrimiento en relación con el informe pericial que relacionaba a ETA con los atentados del 11-M a raíz del hallazgo de esta sustancia química en el piso de uno de los 29 procesados por la masacre de Madrid.
El tribunal desestima el recurso de apelación interpuesto por la defensa de los jefes policiales, al que se adhirió la Fiscalía de Madrid y la Abogacía del Estado, contra la decisión de la juez de Instrucción número 35 de Madrid, Gemma Gallego, de concluir la investigación del caso, lo que supone el paso previo a la apertura de juicio oral contra el comisario general de la Policía Científica, Miguel Ángel Santano; el secretario general de esta Comisaría; Pedro Luis Mélida; el jefe de la Unidad de Análisis; José Andradas; y el jefe de Sección de esta Unidad, Francisco Ramírez.
Asimismo, la Audiencia de Madrid se opone a la pretensión de la Fiscalía de Madrid y del abogado del Estado de acordar el sobreseimiento libre y el archivo de la causa por no haber indicios delictivos contra la cúpula de la Policía Científica.
El abogado José Antonio Choclán, que ejerce la defensa de los mandos policiales, fundamentó su recurso en que la juez Gallego no tuvo en cuenta en su auto de transformación del procedimiento los argumentos de la Audiencia de Madrid --en el auto que confirmó la anulación de la imputación de los peritos del informe acordada por el juez Baltasar Garzón-- acerca de que la observaciones sobre ETA "no eran parte de la prueba pericial", por lo que, según Choclán, no podría constituir delito alguno.
INDICIOS SÓLIDOS.
En un auto notificado hoy, la Audiencia de Madrid considera que "existen indicios sólidos de la comisión de hechos punibles", por lo que rechaza tanto los argumentos esgrimidos por la defensa como la Fiscalía de Madrid, a los que se opuso la fiscal adscrita al caso, Patricia Fernández, quien pidió ser retirada de la causa.
La Sección Tercera asegura en su auto que "Ramírez supuestamente destruyó el sobre original de asignación de informes donde constaba como perito designado Manuel Escribano, confeccionó personalmente un nuevo sobre y ordenó al encargado del cuarto de muestras que variara el Libro de Registro de Muestras, tapando con tippex el nombre de Escribano y poniendo el de Ramírez".
Frente a ello, la Sala entiende que los hechos no permiten "en modo alguno" asumir las argumentaciones expuestas por la defensa de los jefes policiales, la Fiscalía de Madrid y el abogado del Estado sobre "la atipicidad" de los hechos investigados, los que considera "indiciariamente acreditados".
En este punto, se basa en la propio conducta de Ramírez, de la que que subraya que "si su condición de jefe de Laboratorio le confería tan amplio poder de representación y capacidad legal como se mantiene, habría bastado con que reprodujera textualmente el informe emitido por los peritos del laboratorio químico, suprimiendo las observaciones con las que discrepaba y firmándolo en su condición".
A este respecto, el tribunal agrega que, Sin embargo, Ramírez "no lo hizo así, sino que introdujo las variaciones mencionadas en el informe pericial y además llevó a cabo una serie de actuaciones concretas que iban destinadas a dotar de verosimilitud a tales alteraciones".
