Acusa al partido de "plena conciencia criminal" para hacer "desparecer" los dos discos duros que usaba el extesorero
MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -
Las acusaciones populares ejercidas por Izquierda Unida, Observatori Desc y Adade han asegurado este viernes que el PP destruyó los ordenadores que el extesorero del PP Luis Bárcenas usaba en la sede de los 'populares' hasta 2013 para evitar que sus documentos sirviesen de prueba de la presunta caja b del partido.
El primero en manifestar esta conclusión ha sido Juan Moreno, que representa a IU, quien ha recalcado que la formación política tenía un interés concreto en no devolver los dos ordenadores Apple y Toshiba reclamados por Bárcenas y su destrucción: que sus archivos "no llegaran a la Justicia".
IU, además, ha sido la primera de las partes en exponer sus informes de conclusiones, dado que la intervención de la Fiscalía se ha pospuesto una vez concluya el turno de las acusaciones. El Ministerio Público no ejercer ninguna acción penal contra el partido político, ni contra los otros tres acusados, la extesorera Carmen Navarro, el abogado Alberto Durán y el informático José Manuel Moreno, por lo que centrará su discurso en impugnar los escritos de acusación.
El abogado de IU ha explicado que el extesorero estaba usando la Sala Andalucía de la sede del PP en la calle Génova de Madrid, una vez que ya había dejado la Tesorería del partido, para defenderse de las causas en las que se encontraba investigado como Gürtel y ha apuntado que es posible que entre esos documentos hubiese datos relacionados con los conocidos como caso Púnica o caso Lezo, en los que también se investigan una presunta financiación irregular del partido. "Tenemos claro el interés del PP en apresar esos ordenadores", ha ironizado el abogado.
Con ello, Moreno ha concluido que el PP y los otros tres acusados se "coordinaron" para "hacer desaparecer esos ordenadores con plena conciencia criminal". "Era el centro de la actividad judicial en la capital y el PP con todo lo que tenía encima de la mesa ¿cómo no pone en marcha mecanismos para que toda la documentación fuese puesta a disposición del poder judicial?", se ha preguntado. Al contrario, para IU, lo que hizo el partido fue "poner en marcha protocolos para que esas pruebas desaparezcan".
De hecho, al final de su exposición ha aludido lo manifestado por la Fiscalía y las defensas sobre la manipulación de la documentación aportada por Bárcenas a la Audiencia Nacional en un pendrive con la supuesta contabilidad b del PP extraída de sus ordenadores y les ha reprochado que la falta de comprobación sea por la destrucción de los discos duros: "Si hubiésemos tenido los dos discos duros, hubiese sido más fácil comprobar lo traspasado al usb".
LEGITIMACIÓN DE LAS ACUSACIONES POPULARES
Moreno, que ha sobrepasado los 45 minutos que el juez Eduardo Muñoz de Baena ha concedido a cada una de las partes para expresar sus conclusiones, también ha aprovechado su intervención para defender la legitimación de las acusaciones populares en los procedimientos judiciales, pues según ha dicho, este caso ha sido un ejemplo de que las acusaciones no van al "rebujo del Ministerio Fiscal".
En este sentido, ha aplaudido que esta vista oral, que comenzó el pasado 14 de junio, "tan mediático y tan interesante para esta acusación y para esta sociedad" se haya celebrado aunque sólo hayan ejercido una acción penal contra el partido y tres de sus responsables departamentales las acusaciones populares. "Era un juicio democrático y necesario", ha añadido.
Asimismo, ha afirmado que el "perjudicado", Luis Bárcenas, tiene "interés acusatorio" pese a que se retirase de este procedimiento, otro de los motivos alegados por las defensas para evitar que el procedimiento continuase adelante. Ha recordado que el extesorero manifestó en su declaración como testigo, el pasado 20 de junio, que de conocer anteriormente la operación Kitchen --dispositivo policial vinculado al excomisario José Manuel Villarejo para hacerse con información del extrabajador del PP y que se investiga en la Audiencia Nacional-- "no hubiese retirado la acusación".
En cuanto a la acusación popular ejercida por Observatori Desc --la única que ha modificado su solicitud de pena y las ha incrementado--, la abogada Isabel Elbal se ha adherido a lo manifestado por IU. Eso sí, ha tratado de restar credibilidad a las declaraciones de los acusados, como la del informático José Manuel Moreno, que aseguró que no conocía el caso Gürtel, que "estaba en todos los medios de comunicación" y salpicaba al partido en el que trabajaba.
PROTOCOLO DE BORRADO
Asimismo, la letrada también ha afeado que este acusado y los peritos contratados por el PP, que han comparecido en la vista oral, afirmasen que se siguió un protocolo de borrado seguro acorde con estándares internacionales tratando que "se interprete la ley de otra forma". Elbal ha asegurado que lo que dicen esas normas es aplicar ese sistema de eliminación de archivos con 35 pasadas "cuando falle o se vaya a desechar" el equipo. "Justo lo contrario" a lo que se ha defendido, ha añadido.
Para la abogada, la actuación de los acusados se enmarca en un "ambiente enrarecido" porque "presuntamente estaban despareciendo pruebas". Además, ha acusado a las defensas de haber usado "trucos" periodísticos para originar un "ataque mediático", "desproporcionado y salvaje" contra la magistrada instructora Rosa María Freire, cuando procesó al PP y sus responsables por la presunta destrucción de los ordenadores y así poder recusarla.
Por último, el abogado de Adade, Juan de Justo, se ha adherido a todo lo manifestado por las otras dos acusaciones y ha subrayado que el PP "sabía el contenido" almacenado en los dos discos duros y que por ello se "ordena la destrucción". "La lógica y el sentido común me llevan a pensar que esos ordenadores contenían información sensible", ha indicado.
PETICIONES DE PENA
Izquierda Unida y Adade han anunciado este viernes que mantienen su petición de pena para los cuatro acusados. Es decir, IU solicita que las condenas más severas, pues interesa que el PP sea penado con una multa de casi 11 millones de euros por dos delitos de daños informáticos y que a Navarro, Durán y Moreno se les imponga cuatro años y seis meses de prisión por estos dos delitos de daños en concurso con el de encubrimiento.
En cuanto a Adade, pide que la formación política sea multada con 109.500 euros por el delito de daño informático y que la extesorera y el abogado sean condenados con dos años de prisión por ese delito y el de encubrimiento; mientras que para el informático estima solo un año de cárcel.
La otra acusación popular, la del Observatori Desc, ha endurecido su pena al añadir otro delito de daños informáticos. En su escrito de acusación provisional sólo atribuyó a los acusados un único delito de daños informáticos, pero tras la celebración del juicio, la acusación considera que hay que atribuir este delito por cada uno de los dos ordenadores que Bárcenas no recuperó.
En este sentido, para la extesorera del PP se solicita cuatro años de cárcel por dos delitos de daños informáticos y encubrimiento; mientras que para el abogado y el informático interesa la imposición de una condena de un tres años y diez meses y tres años y ochos meses, respectivamente. Para la formación política también multiplica por dos su petición inicial y ahora pide la suspensión de sus actividades por un plazo de un año y prohibición de recibir donaciones por un plazo de 10 años, además de una multa de un millón de euros.
