La expresidenta, citada el viernes, está investigada por cohecho, malversación, falsificación, fraude y prevaricación, entre otros
MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre declarará este viernes en la Audiencia Nacional investigada por la presunta financiación irregular del PP madrileño que ella presidía a través de la trama Púnica de corrupción. Será la última en comparecer en una semana en la que están citados también como imputados su número 2 y sucesor en la presidencia Ignacio González y los exconsejeros Manuel Lamela, Juan José Güemes y Gádor Ongil.
Todos han sido llamados por el juez Manuel García Castellón en relación a la pieza separada de la macrocausa que investiga una presunta 'caja B' del Partido Popular de Madrid que se habría nutrido de fondos desviados de las arcas públicas para contratos por servicios inexistentes y utilizado para financiar las campañas electorales autonómicas de 2007 y 2011 y las generales de 2008.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que existió "un plan a través del cual altos cargos de la Administración Autonómica Madrileña podrían haberse hecho con dinero público para satisfacer necesidades del partido, electorales o no, y enriquecer a alguno de los Consejeros y altos directivos de los entes públicos".
De acuerdo al auto de imputación del juez, "el plan habría fraguado indiciariamente entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y sus consejeros de confianza Ignacio González, Francisco Granados y Alberto López Viejo en connivencia con Horacio Mercado", cuyas empresas debían actuar como "vehículo de trasvase de fondos" de los contratos de publicidad que le daban las consejerías. Éstas a su vez, obligaban a las grandes adjudicatarias a destinar el 1% del presupuesto a publicidad "como forma de desviar" el dinero.
En el caso de Aguirre, se le imputan delitos continuados de cohecho, malversación de caudales públicos, falsificación de documentos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad electoral, pues hay "indicios racionales de criminalidad" que apuntan a que ella "podría haber asegurado el control de las partidas de publicidad, promoción, divulgación y anuncios de las adjudicaciones de cualquier Consejería al más alto nivel del Gobierno Regional" imponiendo que todo pasara por la vicepresidencia de Ignacio González y "con intervención en las decisiones sobre qué empresa debía ser la adjudicataria".
"Esperanza Aguirre era la Presidenta del PPCM y candidata a Presidenta de la CAM en los comicios del 2007 y 2011 y estaba autorizada en las cuentas de funcionamiento del partido. Su cargo de Presidenta del PPCM, puesto de máxima responsabilidad en el Partido, la hacía conocedora y partícipe de las decisiones que se tomaban en el seno del mismo y le permitía estar al corriente de la procedencia de los fondos que financiaban los gastos electorales y a que destinos se aplicaban", dice García Castellón.
"NO ES VEROSÍMIL" QUE NO SUPIERA NADA
Así, se le interrogará por la presunta utilización de la Fundación Fundescam para el desvío de fondos públicos, algo "presumiblemente conocido por Aguirre durante el largo periodo en el que fue Presidenta y Patrona de la citada fundación y cotitular de las cuentas bancarias", así como por los gastos que se efectuaron en las mencionadas convocatorias electorales ya que por su dimensión, "resultaba de todo punto imposible de aquilatar a los costes legalmente autorizables, algo que era fácilmente perceptible".
"Es, en efecto, difícil de imaginar que no conociese la contabilidad en B que llevaba quien fuese su mano derecha y Gerente del PPCM, Beltrán Gutierrez, lo que, sensu contrario, la hacía presumiblemente también conocedora de las omisiones de la contabilidad electoral presentada ante la Cámara de Cuentas y el Tribunal de Cuentas", señala el auto de imputación. Considera asimismo que "no es verosímil" que "ocurriese sin su conocimiento y consentimiento" el despliegue de "artificios que utilizó" el partido para pagar esos gastos a los proveedores a partir de 2007.
IGNACIO GONZÁLEZ, EL JUEVES 17
En cuanto a González, está citado el jueves, un día antes que Aguirre, por presuntos delitos de cohecho, malversación agravada de caudales públicos, falsificación de documentos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad electoral en relación al "desvío continuado de fondos públicos" desde las Consejerías de Transporte y Presidencia mediante "el amaño de las partidas de publicidad" y a través de subvenciones públicas a Fundescam, pero también con las contrataciones del ICM y el Canal de Isabel II.
El juez sostiene que González "participó en una continuada dinámica de falsedad electoral en la presentación por el PPCM de las contabilidades ante la Cámara de Cuentas de Madrid por las campañas autonómicas 2007 y 2011 y ante el Tribunal de Cuentas por la campaña a las elecciones generales del 2008".
Además, se le interrogará sobre los trabajos de reputación que le realizó el investigado Alejandro De Pedro durante los años 2011 y 2012, "que pese a ser trabajos personales, los sufragarían los fondos públicos por las estrategias planeadas para desviar fondos adscritos a empresas públicas de la Comunidad de Madrid utilizando contratación ficticia emitida por proveedores concertados". También se le relaciona con la petición a la empresa Indra del pago de "facturas falsas".
Este mismo día está citada la ex consejera de Asuntos Sociales Gádor Óngil, investigada por falsedad electoral, falsificación de documentos, malversación de caudales públicos y fraude, como patrona de Fundescam desde el año 2010 y en tanto que autora de un documento de marzo de 2012 que "amparó" la justificación de una subvención a esa fundación y "remitió las facturas mendaces" confeccionadas por otros investigados con "conceptos simulados coincidentes con los fines" de aquella ayuda pública.
LAMELA Y GÜEMES, EL LUNES
Para entonces ya habrán declarado Lamela y Güemes, citados el lunes. El primero, como "principal impulsor" de la cláusula del 1% y parte de ese "Plan preconcebido a principios del 2004 dirigido a desviar fondos públicos, en este caso del presupuesto del Plan de Infraestructuras Sanitarias 2004-2007,". Los investigadores apuntan que además, conocía la falsedad de las facturas presentadas por el empresario Horacio Mercado y aún así, habría ordenado que se pagasen.
Respecto a Güemes, fue junto a Lamela asistente en esa reunión de 2004 en la que se habría ordenado dar la publicidad a las empresas de Horario Mercado y "se involucró en el plan para conseguir fondos públicos para el PP de Madrid", según el auto de imputación. Aprobó la licitación de un contrato desde la Consejería de Empleo y Mujer para 2005 y 2006 con el que se habrían desviado hasta cerca de 200,000 euros de dinero público con las facturas falsas de Mercado.
Ambos están investigados por presuntos delitos de malversación de caudales públicos agravada, falsificación de documentos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad electoral.
