AI pide una investigación "independiente, exhaustiva e imparcial" que aclare "si hubo tortura" en el caso de Igor Portu

Actualizado: miércoles, 9 enero 2008 20:54

VITORIA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Amnistía Internacional (AI) pidió hoy que se realice una investigación "pronta, imparcial, exhaustiva e independiente, tal y como exigen los estándares de derecho internacional", que aclare "si hubo malos tratos o tortura" en el caso de la detención y posterior hospitalización de Igor Portu.

En un comunicado, AI se felicitó por la apertura de diligencias previas por parte del Juzgado de Instrucción nº 1 de San Sebastián "para determinar si los hechos pueden haber sido constitutivos de delito".

La organización consideró además "poco adecuadas" las declaraciones del ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, "asumiendo la versión de la Guardia Civil sobre esta detención y el trato al detenido" y declarando que "los agentes de la Guardia Civil emplearon la fuerza reglamentaria", sin haber realizado todavía "ningún tipo de investigación interna exhaustiva sobre estos hechos y mientras está en marcha una investigación judicial".

"Tal actuación no sirve para establecer la verdad y puede contribuir a fortalecer el clima de impunidad que existe en muchos de los actos de tortura y malos tratos cometidos por agentes encargados de hacer cumplir la ley", advirtió. Además, agregó "la actuación más razonable que se puede llevar a cabo es la de investigar pronta e imparcialmente".

AI recordó que "existe la obligación, según el derecho internacional, de investigar todas las alegaciones de abusos y violaciones de derechos humanos", y dijo que "por lo tanto, es deber de los jueces y los fiscales y los departamentos internos de las Fuerzas de Seguridad del Estado el buscar las pruebas pertinentes y corroborar o desmentir las alegaciones".

CARTA AL MINISTERIO

El miembro de Amnistía Internacional Nicola Duckworth anunció además que esta asociación se dirigirá por carta al ministro de Interior para "recordarle una vez más la obligación del Estado español en relación con la prevención, investigación y castigo de la tortura y otros malos tratos", así como "la necesidad de que el Gobierno español reforme el sistema de investigación de las denuncias de violaciones graves de derechos humanos".

"Esta investigación debe correr a cargo de personal competente, imparcial e independiente de los presuntos autores y del organismo del que dependen", indicó.

Asimismo, señaló que "la ausencia real o percibida de imparcialidad puede constituir asimismo una violación de los artículos 12 y 13 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes", que imponen a los Estados Partes "la obligación de llevar a cabo investigaciones prontas e imparciales sobre todas las denuncias de tortura y malos tratos".

En este sentido, Amnistía Internacional recordó que la Fiscalía, por su parte, "debe iniciar procedimientos criminales cuando haya evidencias de tortura y malos tratos, incluso en ausencia de denuncias".

"Las autoridades judiciales deben garantizar también que se lleven a cabo investigaciones objetivas e imparciales, que los denunciantes sean protegidos eficazmente contra posibles intimidaciones o represalias, y que las víctimas sean reparadas convenientemente", agregó.

Por último, dijo que las autoridades policiales "deben incoar procedimientos internos contra funcionarios sospechosos, alertar a las autoridades competentes de cualquier conducta delictiva, y aplicar las sanciones disciplinarias pertinentes cuando se determine la culpabilidad en casos de tortura, malos tratos o uso excesivo de la fuerza".

Amnistía Internacional lamentó además que la reputación de la gran mayoría de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que cumplen su deber con profesionalidad "se ve empañada injustamente por los actos de aquellos que son responsables de malos tratos y torturas".

Además, reconoció que "muchos funcionarios se enfrentan a diario a situaciones peligrosas y demuestran un gran valor y generosidad en el desempeño de sus tareas", y agregó que "las autoridades deben prestarles todo su apoyo cuando es así, aunque también deben transmitir el mensaje claro de que otros comportamientos, como la comisión de torturas y malos tratos, no serán tolerados".