28 de enero de 2020
  • Lunes, 27 de Enero
  • 4 de junio de 2008

    El alcalde de Arrecife (Lanzarote) declara en los juzgados por un supuesto delito contra el patrimonio

    ARRECIFE (LANZAROTE), 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

    El alcalde de Arrecife (Lanzarote), Enrique Pérez Parrilla, ha prestado declaración esta mañana en los juzgados por un presunto delito contra el patrimonio histórico y desobediencia al Cabildo de Lanzarote.

    Parrilla está imputado por las obras que el Consistorio realizó en la fachada de un edificio situado en la avenida Marítima de la capital, justo al lado del Ayuntamiento de Arrecife. El inmueble, que se encuentra en el entorno de protección de la iglesia de San Ginés, es un Bien de Interés Cultural, por lo que era necesario contar con la autorización de Patrimonio del Cabildo para hacer obras en su fachada, un permiso que no se dio.

    El Consistorio pensó aprovechar estas instalaciones, que llevaban meses sin ser utilizadas, para ubicar en ellas algunas oficinas municipales. Este edificio acogió con anterioridad las oficinas de la Consejería de Pesca y la Oficina del PIOT del Cabildo insultar.

    Por su parte, desde Patrimonio del Cabildo de Lanzarote se pidió en reiteradas ocasiones al Consistorio capitalino que paralizase las obras, una orden que nunca se acató. Además, técnicos de Patrimonio aseguraron en declaraciones a Europa Press que "debido a las obra de reforma del edificio, se han perdido colores y dibujos de la fachada que ya no se podrán recuperar".

    La denuncia sorprendió a la opinión pública, puesto que el alcalde de Arrecife pertenece al PSOE, el mismo partido en el que milita la consejera de Patrimonio y también presidenta del Cabildo insular, Manuela Armas.

    Parrilla, que esta mañana no ha querido hacer declaraciones a los medios de comunicación, aseguró en su día que creía que esta imputación se debía a "un exceso de celo" por parte del Cabildo.

    LOS POLICÍAS DE TEGUISE SE DECLARAN CULPABLES.

    Los dos agentes de la Policía Local de Teguise acusados de un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos por quedarse con el dinero de las multas de tráfico que cobraban se han declarado hoy culpables en el juicio que la Audiencia Provincial celebró contra ellos.

    Jacinto M.L. y José Domingo M.H. han aceptado los cargos que se les imputaban y han accedido a devolver del dinero que se habían quedado, 786 euros y 1.098 euros, respectivamente. Además, ambos pagarán dos meses de multa con una cuota diaria de cuatro euros y serán condenados a seis meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y suspensión de empleo o cargo público durante un año.