CASTRO URDIALES, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, advirtió hoy de que "hará frente" a la "barbaridad antidemocrática" que a su juicio comete el "mozalbete de Cotolino", lugar donde está ubicado el juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 2 cuyo titular es Luis Acayro Sánchez, quien instruye distintas causas que afectan tanto al regidor castreño como a otros miembros de la Corporación, técnicos, funcionarios y empresarios del municipio.
Muguruza se expresó así en el que ha sido el primer Pleno celebrado en Castro presidido por él después de su salida del penal de El Dueso (Santoña), donde ingresó en cumplimiento de un auto del juez ante el temor a la destrucción de pruebas por la investigación de la construcción de viviendas en La Loma, instrucción que motivó también la retirada de las competencias en urbanismo al que fuera representante del Partido Regionalista.
Posteriormente la Audiencia Provincial de Cantabria revocó ese auto, quedando Muguruza en libertad. El alcalde presidió hoy su primer pleno desde entonces, y lo comenzó confesando sentirse "sorprendido" de la expectación despertada entre los medios de comunicación por esta sesión plenaria.
Para el regidor castreño, declarado tránsfuga por el Pacto Nacional y que gobierna apoyado por ex representantes del PP y del PSOE, el Ayuntamiento desarrolla su actividad con "normalidad". "Yo entiendo que no ha pasado nada y la vida diaria es un hecho", aseveró en su primer pleno tras salir de prisión.
Donde está, a su juicio, la "verdadera excepcionalidad democrática" a la que debería dirigirse la atención mediática es en las actuaciones del "mozalbete de Cotolino", en las que Muguruza ve un "peligro para la democracia" y una "barbaridad antidemocrática".
El alcalde de Castro Urdiales reprochó al "mozalbete de Cotolino" que pretenda "romper la normalidad" en el municipio, pero remarcó que él tratará de "hacer frente" a esta actitud para que la institución "siga funcionando".
El pleno comenzó tramitando la renuncia de la edil de Acuerdo por Castro (AXC), Elisa Dopico, imputada y acusada por la Fiscalía en el caso Trapur sobre la adjudicación del servicio de desratización y sobre la que pesa una orden de alejamiento respecto a una funcionaria municipal que denunció haber recibido amenazas de esta concejala tras declarar ante el juez.
